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Agricultura

Alianzas intersectoriales de Agricultura, Salud y Medio Ambiente

El subsecretario de la Sader, Víctor Suárez, afirmó que la interacción sectorial se fortalece para tomar medidas que permitan revertir la crisis de salud pública que vive el país.

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CIUDAD DE MÉXICO. – La situación de salud en México, con epidemia de obesidad y sobrepeso, y las enfermedades crónicas asociadas -diabetes, síndrome metabólico e hipertensión, presentes incluso en las poblaciones infantil y agudizada en la rural-, llegó a un punto inaceptable, por lo que el gobierno federal estableció un estrecho vínculo entre las autoridades de Salud, de Agricultura y de Medio Ambiente para atender el tema, que avanza con medidas concretas para revertir las tendencias alimentarias nocivas.

Un elemento que diferencia al gobierno actual de sus antecesores es que las decisiones de política pública se están tomando con independencia del poder económico, afirmó el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Suárez Carrera.

Al participar en la tercera conferencia del ciclo Autosuficiencia Alimentaria e Innovación Tecnológica con Prácticas Sustentables, abundó que “en los pasados gobiernos pudo haber diagnósticos que evidenciaran la crisis de salud pública, pero el poder político estaba capturado por los intereses de la industria”.

Afirmó que el Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación y Medio Ambiente (GISAMA) está dando pasos para su formalización y así dar sustento legal a sus decisiones. “Buscamos un sistema agroalimentario justo, saludable y sustentable”, agregó.

En el encuentro, el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, Abelardo Ávila Curiel, informó que hace décadas se pronosticaba la tendencia a la obesidad de la población por la penetración de alimentos procesados con altos contenidos de azúcar, sodio y grasas saturadas en el mercado, incluso en zonas rurales y pobres y en los entornos escolares.

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“Permitimos la hipertrofia de un sistema alimentario que tiene un volumen de ventas de 80 mil millones de dólares en México, con políticas fiscales de consolidación, de condonación de impuestos, con publicidad desproporcionada”, detalló.

Ante esta situación, el gobierno no tomó decisiones. Hoy se tienen avances sólidos, como el que “después de años de lucha de organizaciones civiles en pro de la alimentación sana y tras horas de diálogo en una mesa para modificar la Norma Oficial Mexicana 051, de etiquetado, se ha logrado que la industria acepte la etiqueta octagonal de advertencia frontal sobre la presencia alta de azúcares, sodio, grasas y grasas saturadas, y de alimentos no recomendables para los niños”, subrayó.

Para que esta definición normativa quede en firme, dijo, lo que viene ahora es una consulta pública.

Paralelamente, se trabaja en la modificación de la Ley General de Salud que considere a este etiquetado. “Así tendremos un acto de ejercicio de la autoridad, que es la responsable de garantizar la salud pública”, lo que será un primer paso para que los niños puedan entender los etiquetados y para que se elimine de la publicidad el uso de personajes que abusan de la fantasía infantil, sostuvo Ávila Curiel.

“Falta más por hacer, como es rescatar en nuestros hábitos alimenticios todo aquello que no está etiquetado, lo que produce la agricultura campesina, además de generar programas de vigilancia epidemiológica, avanzar en la agricultura sustentable, cambiar el ambiente de las escuelas y sus entornos -que hoy es obesigénico-, pero vamos en el camino correcto: se está dando una coordinación entre gobierno y sociedad. Tenemos la conciencia de que estamos haciendo lo que debió iniciar hace 50 años”, apuntó.

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Ávila Curiel, quien ha sido responsable de las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición (Ensanut) que miden la talla y peso de los niños, indicó que la falta de acción gubernamental para enfrentar la desnutrición infantil propició su aumento, añadió.

Precisó que la tendencia de abatimiento de la desnutrición que ocurre en México registra fundamentalmente lo que ocurre en zonas urbanas.

En las zonas indígenas y rezagadas, como la Montaña de Guerrero y lugares de Oaxaca y Chiapas, la desnutrición infantil y mortalidad sigue siendo extremadamente alta y grave, misma condición de hace 50 años. Si bien se observan niños con talla baja y peso alto, esto revela obesidad y desnutrición, subrayó.

“Tenemos una obesidad que golpea a la pobreza. Entre 2002 y 2012, impulsado por las transferencias condicionadas del programa Prospera, la población duplicó su consumo de productos chatarra. La Ensanut 2016 reveló que las mujeres en edad reproductiva en el medio rural tienen más tendencia a la obesidad que en el medio urbano y la obesidad viene acompañada de daño a la salud. Los datos de defunciones por diabetes son evidentes: en 1970 morían 36 personas por cada cien mil y en 2015 la tasa ya era de 129”, advirtió.

El presidente de la Fundación Valle La Paz, del Estado de México, Dieter le Noir Guyot, habló de la relación entre la salud de los recursos naturales y la interna de los humanos.

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Observó que siete de cada 10 mexicanos mueren por un síndrome metabólico, por la mala calidad de los alimentos que consumimos. “Tenemos que recapacitar y entender que los alimentos procesados son la causa y que no habrá sistema de salud ni dinero que puedan arreglar el desajuste, por lo que tenemos que aplicar un cambio”, sugirió.

“México es el cuarto país megadiverso del planeta y contamos con alimentos y plantas que nos podrían permitir salir de la crisis. Esos alimentos son los que debemos cultivar, para cultivar nuestra tierra y cultivarnos interiormente en salud. Tenemos un bono demográfico, pero si se mantiene la tendencia en la que vamos ocurrirá que la gente no podrá trabajar por problemas de hipertensión, cardiovasculares o diabetes. Queremos que los jóvenes entren al mercado laboral con vitalidad, fuerza y menos necesidad de sistemas de salud”, finalizó Le Noir.

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Agricultura

Productores pueden regularizar concesiones de agua hasta el 28 de abril

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  • El trámite se realiza mediante el Decreto de Facilidades Administrativas.
  • El plazo para adherirse vence el 28 de abril de 2026.
  • Permite acceder a beneficios como tarifas eléctricas preferenciales para riego.

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México llamó a las y los pequeños productores que cuentan con concesiones de aguas nacionales a regularizar sus títulos mediante el Decreto de Facilidades Administrativas, cuyo plazo para adherirse concluye el 28 de abril de 2026.

La convocatoria se realiza a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo de brindar certeza jurídica sobre el uso del recurso hídrico en las actividades productivas del campo.

Contar con los títulos de concesión en regla permite a las y los productores acceder a programas federales, como el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA).

A través de este programa se pueden obtener tarifas de estímulo en el consumo de energía eléctrica para riego, lo que ayuda a reducir costos de producción y fortalecer la actividad agrícola.

Además, el PEUA impulsa el uso eficiente del agua y la energía, especialmente en sistemas de bombeo y rebombeo utilizados para el riego de cultivos.

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En cumplimiento de uno de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el campo mexicano, la Conagua instaló módulos de atención en distintas regiones del país, donde se brinda orientación y acompañamiento a las y los productores interesados en regularizar sus concesiones.

La ubicación de los módulos puede consultarse en el siguiente enlace:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1034582/M_dulos_de_atenci_n_Conagua.pdf

Este decreto está dirigido a productoras y productores agrícolas y pecuarios cuyos títulos de concesión amparen volúmenes de hasta 500 mil metros cúbicos anuales, y que hayan vencido entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de marzo de 2025.

Entre los requisitos para adherirse al decreto se encuentran:

  • Ser propietarios de los predios correspondientes.

  • Presentar copia del título de concesión a regularizar.

  • Comprobar el uso activo del volumen concesionado durante los últimos dos años.

  • Entregar un escrito libre solicitando la adhesión al decreto.

  • Realizar el pago correspondiente al trámite, del cual los usuarios agrícolas están exentos.

Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma su compromiso de respaldar a las y los productores, facilitar trámites y promover el uso responsable del agua y la energía, en beneficio del campo mexicano y la soberanía alimentaria del país.

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Agricultura

Ejidatarios denuncian irregularidades en peritajes

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  • Aseguran que el estudio se realiza sin trabajo de campo.
  • El conflicto es por 65.7 hectáreas que reclama la familia Pérez Lizaur.
  • Señalan posibles omisiones de integrantes del comisariado ejidal.

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HUEHUETOCA, ESTADO DE MÉXICO.- Más de mil ejidatarios del Ejido Huehuetoca denunciaron que peritos de la Procuraduría Agraria realizan su trabajo “sobre el escritorio” y no mediante estudios de campo, en el litigio que mantienen con la familia Pérez Lizaur, que pretende quedarse con 65.7 hectáreas de tierras que aseguran les pertenecen legalmente.

Durante una reunión realizada en los terrenos en disputa, los ejidatarios señalaron que cuentan con documentación histórica que acredita su propiedad desde hace más de cien años, heredada por generaciones de padres, abuelos y bisabuelos.

El conflicto se encuentra en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 10 de Tlalnepantla, donde la magistrada Ana Lili Olvera determinó una segunda orden de ejecución sobre los terrenos. Sin embargo, esta no se llevó a cabo el pasado 26 de febrero, debido a que el actuario de los demandantes no se presentó al lugar, por lo que podría reprogramarse en las próximas semanas.

En el sitio estuvieron presentes integrantes de la Comisión Ejidal: Juan Garfias, Andrés Colín, José Luis Orozco, Benjamín Feregrino, Juan Hernández y Juan Velázquez, acompañados por decenas de ejidatarios que reiteraron su defensa del territorio.

Los ejidatarios recordaron que en una audiencia realizada el 3 de julio de 2025, la magistrada decidió suspender temporalmente la ejecución tras analizar la explicación de hechos presentada por el abogado Felipe Cruz y la comisión encargada del caso denominado Grupo Productivo Santander.

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En aquella ocasión, la magistrada indicó que los mapas presentados no cambiarían la decisión del Tribunal, aunque permitirían detener momentáneamente la ejecución para analizar con mayor detalle las colindancias de los terrenos.

Posteriormente, los ejidatarios entregaron al Archivo Nacional Agrario diversos documentos, entre ellos la carpeta básica del ejido, el plano definitivo, carteras de campo, publicaciones del Diario Oficial y actas de deslinde con firmas de colindantes, para respaldar la dotación y ampliación de su territorio.

También señalaron que se solicitó un perito externo y neutral a la UNAM y al Instituto Politécnico Nacional, pero debido a la carga de trabajo de dichas instituciones se designó finalmente a un especialista de la Procuraduría Agraria, quien —afirman— hasta ahora no ha realizado visitas de campo en los terrenos en disputa.

Por ello, consideran que la nueva orden de ejecución se basa únicamente en un peritaje elaborado a partir de documentos proporcionados por la familia Pérez Lizaur, lo que calificaron como un procedimiento irregular.

Los ejidatarios también han denunciado que los documentos presentados por dicha familia han sido en ocasiones apócrifos, poco legibles o con coordenadas que no corresponden al perímetro real del Ejido Huehuetoca, a pesar de que —afirman— han sido aceptados por el tribunal.

El peritaje se está haciendo con tecnología y sobre el escritorio, sin trabajos previos de campo, cuando lo que está en juego es el patrimonio de muchas familias”, señalaron.

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Asimismo, revelaron una situación adicional relacionada con el presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal, Jesús López, Alejandro Márquez y Armando Soto, quienes no acudieron a dos citas previas para tramitar sus firmas electrónicas ante el Poder Judicial del Estado de México, requisito necesario para continuar con la defensa legal del ejido.

Ante una nueva cita programada para el 11 de marzo, algunos ejidatarios consideran que estas omisiones podrían afectar la estrategia jurídica para defender las tierras.

Finalmente, los ejidatarios de Huehuetoca señalaron que analizan nuevas acciones legales en caso de que el Tribunal Agrario determine ejecutar la intervención de los terrenos, reiterando que continuarán defendiendo lo que consideran su patrimonio histórico y familiar.

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Agricultura

Arranca entrega de fertilizantes para el bienestar 2026

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  • El programa beneficiará a 285 mil 455 productoras y productores.
  • Se distribuirán más de 106 mil toneladas de fertilizantes.
  • Oaxaca concentra la mayor cantidad de beneficiarios con más de 199 mil agricultores.

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) inició la entrega del Programa de Fertilizantes para el Bienestar 2026 en los estados de Baja California Sur, Coahuila, Michoacán y Oaxaca, con lo que se beneficiará a 285 mil 455 productoras y productores.

En Oaxaca, donde comenzó el abastecimiento, 199 mil 455 agricultoras y agricultores recibirán más de 59 mil toneladas de fertilizantes, lo que permitirá atender cerca de 200 mil hectáreas de cultivos prioritarios, como parte de las acciones del Gobierno de México para fortalecer la soberanía alimentaria y la productividad del campo.

La entrega se realizará de manera directa y gratuita a través de 91 Centros de Distribución Agricultura (CEDA) ubicados en las ocho regiones del estado, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado, transparente y oportuno.

En tanto, en Baja California Sur, Coahuila y Michoacán, el programa beneficiará a 86 mil productoras y productores, quienes recibirán 47 mil 030.2 toneladas de fertilizantes para cubrir una superficie de 157 mil 428 hectáreas.

Para facilitar el acceso de las y los beneficiarios, se habilitarán cuatro CEDAs en Baja California Sur, 48 en Michoacán y 14 en Coahuila.

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Entre los cultivos prioritarios contemplados en el programa se encuentran ajonjolí, arroz, cacao, café, cacahuate, calabaza (semilla), caña de azúcar, frijol, maíz, sorgo grano, soya y trigo, dependiendo de la vocación productiva de cada entidad.

El suministro de fertilizantes se realiza en coordinación con Petróleos Mexicanos (PEMEX), institución responsable de abastecer los insumos que se distribuyen a través de los centros de distribución de la SADER.

Las y los productores deberán consultar su asignación en el portal oficial https://bit.ly/4u8YLkh o acudir al CEDA correspondiente dentro del periodo establecido de 120 días, presentando identificación oficial vigente.

Para recibir orientación, también pueden acudir a las Oficinas de Representación de la SADER, los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) y los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) de las entidades participantes.

Esta estrategia representa un respaldo directo a las economías locales, ya que contribuye a reducir los costos de producción, mejorar el rendimiento de las parcelas y fortalecer la productividad del campo, en línea con el Plan de Soberanía y Autosuficiencia Alimentaria.

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