SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- El Gobierno que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, llevará a cabo la segunda fase de la reforestación contemplada para resarcir los daños del incendio en el Área Natural Protegida (ANP) “Manantial de la Media Luna”, registrado el pasado 9 de agosto del año 2022, que dejó un saldo de 41 hectáreas afectadas, 29 dentro del ANP y 12, fuera del polígono.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Emmanuel Ramos Hernández, dijo que se impulsarán trabajos de rescate, comentó que en esta segunda fase, la reforestación de la zona afectada se realizará con 600 plantas de especies como Mezquite, Huizache y Sabino, especies endémicas que también se consideraron en la primera fase realizada en el mes de septiembre del año 2022.

La recuperación del espacio involucra a habitantes del ejido El Jabalí, donde ya se tuvo una capacitación sobre incendios, atención al turista en caso de siniestro, protección al medio ambiente y especies que se encuentran dentro del Área Natural Protegida, entre otros.

La capacitación se dirigió a quienes viven en el ejido, por ser la población más cercana al espacio; sin embargo, se hace la invitación a la población para el cuidado de todo el espacio natural.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que la actividad productiva pesquera y acuícola del país inició a partir del primer día del año, con la captura de abulón, almeja chocolate, lisa y liseta, principalmente, en los mares y aguas nacionales.

Con base en las recomendaciones técnicas del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca), el 1 de enero se levantó la veda a la pesca en los bancos abuloneros de la línea divisoria internacional con Estados Unidos, hasta Punta Malarrimo, Baja California Sur.

En el Pacífico Mexicano, la mayor pesquería de abulón se realiza en aguas de Baja California y Baja California Sur y destaca su importancia socioeconómica porque la actividad es generadora de derrama económica, divisas y empleos directos e indirectos para las zonas aledañas.

La temporada de captura estará vigente hasta las 24:00 horas del 31 de julio del presente año, lapso establecido con el fin de inducir el aprovechamiento sustentable de la especie, explicó la dependencia federal.

En el caso de la almeja chocolata (Megapitaria squalida), detalló que la veda temporal es vigente del 1 de septiembre al 31 de diciembre de cada año en aguas marinas de jurisdicción federal de la Bahía Magdalena-Almejas, Baja California Sur.

Expuso que en las fechas de vigencia de la veda se busca proteger el periodo de mayor actividad reproductiva de esta especie que representa el 68 por ciento del total de las capturas de este recurso en el país.

Agricultura destacó que el sistema lagunar Bahía Magdalena-Almejas es un ecosistema costero prioritario para el desarrollo socioeconómico regional para las comunidades pesqueras, como resultado de su extensión territorial y la productividad que prevalece durante la mayor parte del ciclo anual.

Señaló que el 1 de enero también concluyó la veda temporal de lisa (Mugil cephalus) en Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, por lo que los pescadores podrán aprovechar la captura de esta especie hasta el próximo 31 de octubre.

También, en los primeros 31 días del año se reactivará la captura de lisa (Mugil cephalus) y liseta (Mugil curema) en los litorales del estado de Tamaulipas. Esta medida incluye la Laguna Madre y la zona norte de Veracruz, desde río Tuxpan, la laguna Tampamachoco y hasta el río Pánuco.

En México, apuntó, esa pesquería alcanza más de ocho mil toneladas anuales y Tamaulipas se ha colocado como la principal entidad productora del recurso en el litoral del Golfo de México, de ahí la relevancia para la economía de la región.

En la aplicación de las vedas se contó con la facultad de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y las recomendaciones técnicas del Inapesca, con la intención de administrar y regular el uso y aprovechamiento sustentable de los recursos de flora y fauna acuáticas y, de esta manera, permitir ordenar las actividades de quienes intervienen en ellas.

Quienes incumplan o excedan las fechas de captura que establecen los respectivos acuerdos, se harán acreedores a las sanciones que para el caso establece la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y demás disposiciones legales.

Como parte de la Alianza Mundial por el Suelo y en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Sader trabaja en un esquema para incrementar la resiliencia de los sistemas agroalimentarios a los efectos del cambio climático y combatir la pérdida de agrobiodiversidad, mediante la recarbonización de los suelos del país.

Para ello, se identificaron en 12 estados diversas zonas catalogadas de menor estabilidad climática y bajo potencial de captura de carbono, las cuales se ubican en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Guanajuato; zonas de menor estabilidad climática pero mayor potencial de captura de carbono en Veracruz, Chiapas, Campeche y Guerrero, y áreas de mayor estabilidad climática y alto potencial de captación de carbono en Nayarit, Morelos, Veracruz y Chiapas.

Este esquema considera la implementación de prácticas de manejo sostenible, gobernanza, proyectos institucionales y mecanismos financieros en el sector primario, lo que permitirá incrementar la resiliencia del recurso suelo, detalló la titular de la Dirección General de Políticas, Prospección y Cambio Climático de la Secretaría, Sol Ortiz García.

En el marco del Congreso Interamericano de Agua, Suelo y Agrobiodiversidad que realiza la dependencia en su sede de Ciudad Obregón, Sonora, señaló que la agricultura es uno de los sectores más vulnerables a los efectos del cambio climático, en particular ante plagas, enfermedades, fuegos devastadores y menor rendimiento de los cultivos.

Informó que en México, el 64 por ciento de los suelos presenta algún tipo de degradación y el 28 por ciento de las unidades de producción identifica como principal problema la pérdida de fertilidad del suelo.

Aseguró que se debe construir un nuevo sistema agroalimentario justo, saludable y sustentable, a través del uso responsable del suelo, el agua y la biodiversidad, con la integración de sectores históricamente excluidos.

Ortiz García resaltó que ante este escenario la Secretaría de Agricultura cuenta con toda una estructura, políticas públicas, programas y estrategias capaces de mitigar y generar resiliencia en el sector primario del país.

Mencionó, entre ellas, el Plan Estratégico de Cambio Climático del sector Agroalimentario (PLECCA), la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores (ENCUSP), el Comité Sectorial de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CSRGAA), la Estrategia Nacional de Suelo para la Agricultura Sostenible (ENASAS), Mesas Técnicas Agroclimáticas, Mi parcela no se quema, la rehabilitación de los lagos de Cuitzeo y Zirahuén y la firma de anexos técnicos, entre otros.

La funcionaria federal destacó que estas políticas contribuyen al cumplimiento de 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, entre los que destacan: Fin de la pobreza, Hambre Cero, Salud y Bienestar, Agua limpia y saneamiento, Trabajo decente y crecimiento económico, Reducción de las desigualdades, Acción por el clima y Vida de ecosistemas terrestres.

Plantean expertos escenarios y soluciones ante el impacto de la sequía en México

El jefe de la Unidad de Sistemas de Información Geográfica del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMyT), Kai Sonder, informó que, de acuerdo con un estudio realizado por el Centro Internacional de Agricultura Tropical, en México la agricultura produce el 12.3 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero y se coloca como la segunda actividad que más emisiones produce. De ese porcentaje, el 50.2 por ciento se produce por cultivos y 49.8 por ciento por la ganadería.

Por ello –dijo- los gobiernos deben implementar acciones de mitigación como la siembra de variedades más tolerantes a sequías, calor e inundaciones; adoptar la agricultura de conservación, contar con mecanismos eficientes de retención de agua en el suelo, reducir la evapotranspiración y planeación a largo plazo de programas de mejoramiento de cultivos, entre otras medidas que garanticen un mejor aprovechamiento de los recursos naturales.

La experta en el Sistema del Índice de Estrés Agrícola (ASIS) de la Oficina del Cambio Climático, Biodiversidad y Ambiente de la FAO, Tamara Hernández, señalo que 83 por ciento de las pérdidas económicas globales causadas por la sequía se concentra en el sector agrícola y el 59 por ciento de las pérdidas en la agricultura por desastres naturales en América Latina y El Caribe, es provocado por este fenómeno.

Por ello, agregó, la FAO desarrolló el Sistema del Índice de Estrés Agrícola (ASIS) que asiste a varios países –incluido México- en la vigilancia de la sequía; utiliza datos y lecturas satelitales que pueden calibrarse de acuerdo con los requerimientos de cada país para una mejor toma de decisiones en materia de adaptación, mitigación y monitoreo de diversos cultivos de interés para los gobiernos.