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Otra vez el frijol anda inquieto y no precisamente dentro de la olla. En Zacatecas ya se habla de movilizaciones, reuniones, protestas y hasta de volver a sacar los tractores a carretera si el Gobierno Federal no mantiene los 27 pesos por kilogramo, permite entregar hasta 15 toneladas por productor y garantiza suficiente volumen de compra. Y antes de que comiencen los sombrerazos entre quienes dicen que el Gobierno abandona al campo y quienes aseguran que los productores nunca están conformes, quizá convenga hacer algo mucho menos emocionante, pero bastante más útil: sacar cuentas. Porque los números tienen la mala costumbre de arruinar los discursos bonitos.

Imaginemos dos parcelas de temporal. En una, el productor batalla todo el año y obtiene apenas 500 kilos de frijol por hectárea. En otra, quizá a unos cuantos kilómetros, hubo mejores lluvias, buen suelo, semilla adecuada, experiencia y manejo, y se levantó tonelada y media. Los dos son frijoleros. Los dos madrugan. Los dos saben lo que es mirar al cielo esperando que llueva. Los dos compran diésel, preparan tierra y pagan cosecha. Pero económicamente no están parados en el mismo surco. Y resulta que si ambos consiguen entrar al programa gubernamental pueden recibir exactamente los mismos 27 pesos por kilo. Ahí es donde a este Campirano se le empieza a levantar una ceja.

Las reglas del programa permiten participar a productores de hasta 30 hectáreas de temporal o cinco de riego. Además, para comprobar que la cantidad entregada corresponde con la superficie, el propio Gobierno utiliza como referencia en temporal un rendimiento de hasta 500 kilos por hectárea. Eso deja bastante claro para quién fue pensado originalmente el apoyo: para el pequeño productor con rendimientos bajos, dependiente de la lluvia y con pocas herramientas para defenderse frente al mercado. Y para ese agricultor el precio de garantía tiene bastante sentido.

Ricardo David Valdez Cepeda, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, ha estimado costos de producción de frijol de temporal de entre 19 mil 650 y 22 mil 800 pesos por hectárea. Hagamos una cuenta que cabe en cualquier libreta de raya. Si esa hectárea produce 500 kilos y el productor vende a 16 pesos, recibe 8 mil pesos. Si le pagan 20, son 10 mil. Si consigue vender al Gobierno a 27, obtiene 13 mil 500. Es decir, hasta con el precio de garantía sigue sin cubrir completamente los costos estimados. A ese productor no hay mucho que reclamarle. Está trabajando para perder menos. Si alguien necesita respaldo, probablemente sea él.

Pero ahora crucemos la cerca.

En Fresnillo existen parcelas de temporal que en buenos años pueden producir alrededor de una tonelada y media por hectárea, y casos similares se presentan en otras regiones cuando las lluvias y el manejo ayudan. No quiere decir que todos produzcan eso ni mucho menos, pero existen. Y con tonelada y media la calculadora comienza a hablar otro idioma. A 16 pesos por kilo son 24 mil pesos por hectárea. A 20 pesos, 30 mil. A los famosos 27, 40 mil 500 pesos. Si usamos los mismos costos de Chapingo, ya no estamos frente al productor que no recupera ni lo invertido. A 16 puede andar muy cerca del equilibrio; a 20 tiene un margen más cómodo; y a 27 la diferencia sobre el costo puede superar los 17 mil pesos por hectárea.

Y aquí viene la pregunta que seguramente no va a gustarle a todo mundo: ¿por qué tendríamos que subsidiar exactamente igual al que obtuvo 500 kilos que al que logró tonelada y media?

No vaya a salir alguien diciendo que El Campirano quiere castigar al que produce bien. Al contrario. Ojalá todos los frijoleros sacaran tonelada y media, dos o tres. Sería una magnífica noticia. El problema no es producir mucho. El problema es que una política que dice estar diseñada para ayudar al que menos tiene entregue el mismo beneficio sin distinguir situaciones que son completamente diferentes. Una cosa es compensar al agricultor que por sus condiciones productivas está a punto de abandonar la parcela y otra muy distinta garantizar una utilidad extraordinaria simplemente porque alcanzó lugar en el programa.

Y hablando de alcanzar lugar, ahí aparece otro detalle que casi nunca se menciona cuando comienzan las protestas. En México existen 613 mil 350 unidades de producción activas de frijol. De ellas, 393 mil 849 tienen hasta cinco hectáreas. Sin embargo, en el ciclo Primavera-Verano 2025 el programa de acopio benefició a 26 mil 401 productores, compró casi 196 mil toneladas y destinó 5 mil 288 millones de pesos. Claro que una unidad de producción no necesariamente equivale a una persona y no todas cumplen los requisitos, pero tampoco hace falta ser actuario para darse cuenta de que los 27 pesos no llegan a todo mundo. Ni remotamente.

Y aquí se pone buena la cosa.

Mientras unos venden al Gobierno a 27, otros venden a 14, 15 o 16 porque necesitan dinero para pagar la cosecha, liquidar una deuda, comprar semilla para el siguiente ciclo o simplemente llevar gasto a la casa. Pongamos dos productores con 15 toneladas cada uno. El que consiguió lugar en el programa recibe 405 mil pesos. El que tuvo que vender a 16 recibe 240 mil. Mismo frijol, mismo volumen y 165 mil pesos de diferencia.

Ahora dígame usted si conseguir lugar en el acopio es o no es un asunto importante.

Con una diferencia así, hasta el más despistado encuentra de repente vocación de gestor agrícola. Aparecen organizaciones, dirigentes, intermediarios, representantes, políticos, coyotes y uno que otro personaje que seguramente ni sabía distinguir un pinto de un negro hasta que descubrió cuánto vale un lugar en la bodega. Eso no quiere decir que todos sean tramposos ni que quienes protestan sean falsos productores. Sería irresponsable afirmarlo. Pero tampoco vamos a hacernos los sorprendidos: cuando entre el mercado y el Gobierno hay una diferencia de once o doce pesos por kilo, hay mucho dinero dando vueltas.

Zacatecas recibió una parte enorme del esquema anterior. A mayo se habían beneficiado 12 mil 435 productores, se habían comprado cerca de 98 mil toneladas y pagado más de 2 mil 640 millones de pesos. Al cierre del ciclo, el estado concentró alrededor del 55 por ciento del frijol acopiado en todo el país. Eso significa que el programa sí puso dinero en manos del campo zacatecano, y qué bueno. La pregunta que falta contestar es si ese dinero llegó principalmente a quienes más lo necesitaban.

Porque no es lo mismo el productor que siembra tres o cuatro hectáreas con tractor prestado que quien trabaja 25 o 30 con maquinaria propia y mejores rendimientos. Las reglas pueden llamarlos pequeños productores a los dos, pero la cartera seguramente no está de acuerdo.

Y entonces llegamos a las manifestaciones. ¿Son justificadas? Sí, muchas de sus demandas pueden serlo. El Gobierno debe dar reglas claras, pagar a tiempo y no cambiar condiciones cuando el productor ya hizo la inversión. También es legítimo reclamar contra un mercado que en ciertos momentos paga por debajo de los costos. Lo que no deberíamos aceptar en automático es que cualquier grupo que cierre una carretera se convierta, por obra y gracia del tráfico detenido, en representante de todos los agricultores.

Preguntar quién protesta no es atacar al campo. Es periodismo.

¿Cuántas hectáreas tiene? ¿Cuánto produjo? ¿Cuántas toneladas entregó el año pasado? ¿Recibió los 27 pesos? ¿Cuánto dinero obtuvo del programa? Si todo está en regla, qué mejor. Hasta deberían ser los propios dirigentes quienes pidieran que el padrón se publique completo para acabar con sospechas.

Porque el problema tampoco es exclusivo del frijol. Los productores de maíz han enfrentado años en que el precio apenas alcanza para cubrir los costos. Los sorgueros saben perfectamente lo que es cosechar y descubrir que la trilla casi se comió la ganancia. Los trigueros también han necesitado apoyos. Y qué decir de cebolla, chile o tomate, donde un año parece que se encontró petróleo en la parcela y al siguiente ni sacar la cosecha conviene. El campo es así de ingrato: producir mucho no garantiza ganar dinero.

Por eso el Estado sí debe intervenir. Sería absurdo dejar toda la producción de alimentos a merced de precios internacionales, intermediarios y coyunturas. Pero intervenir tampoco debería significar repartir el mismo cheque a realidades distintas. Quizá en lugar de defender a rajatabla un precio único habría que empezar a discutir un esquema más inteligente: mayor apoyo para las primeras hectáreas, más protección al pequeño temporalero, respaldo ligado a costos y condiciones productivas, y apoyos que disminuyan conforme aumenta superficie, volumen y capacidad económica.

No se trata de quitarle al que produce más. Se trata de que el dinero público primero llegue a quien realmente lo necesita.

Porque si de cien frijoleros solamente diez consiguen entrar al programa y venden a 27 mientras los otros 90 salen al mercado a 15 o 16, entonces quizá tenemos algo que revisar. Eso puede ser muchas cosas, pero difícilmente puede llamarse un precio de garantía para todos.

Antes de cerrar nuevamente una carretera, quizá convendría abrir primero el padrón. Sin misterio y sin tantas vueltas: productor, municipio, hectáreas, toneladas entregadas y dinero recibido. Y después hacemos las cuentas.

A lo mejor descubrimos que el programa funciona exactamente como debería y que el apoyo está llegando al campesino más pequeño. Magnífico. Habrá que defenderlo.

Pero también podríamos encontrarnos con que algunos que reclaman los 27 pesos no están precisamente al borde de vender la vaca para comprar semilla.

Y entonces la discusión cambiaría.

Porque una cosa es defender al campesino que se parte el lomo para sacar 500 kilos de una hectárea y otra muy distinta defender, sin preguntar, el derecho de unos cuantos a vender mucho más caro que todos los demás.

El frijol puede ser el mismo.

La necesidad, definitivamente, no.

EL CAMPIRANO

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Hay cosas en el campo que de lejos parecen sencillas y cuando uno comienza a rascarles tantito resulta que traen más nudos que mecate viejo. Eso está pasando con el aguacate. A simple vista pareciera que todo comenzó porque el precio se vino abajo y los productores se cansaron de vender barato, pero conforme aparecen datos, protestas, camiones detenidos, fruta quemada, nuevas reglas laborales, certificados, plagas y hasta el IMSS metiendo las narices -porque para eso está-, resulta que el problema es bastante más grande que saber si el kilo se paga a 15, a 20 o a 40 pesos.

Y mire usted que hay algo que a este Campirano todavía le da vueltas.

Durante las protestas en Michoacán comenzaron a detener cargamentos de aguacate procedentes de Jalisco, Nayarit y Colima. La explicación fue sanitaria: evitar que entrara fruta con barrenadores a una zona donde la sanidad vale oro porque de ella depende buena parte de las exportaciones. Hasta ahí cualquiera puede entenderlo. Si hay una plaga, se detiene la fruta, se revisa y se acabó. El problema es que, al mismo tiempo, algunos de los productores que estaban protestando también decían abiertamente que el aguacate de otros estados estaba entrando a las empacadoras y ayudando a bajar todavía más el precio que recibía el michoacano.

Y ahí es donde uno empieza a hacerse preguntas.

Porque una cosa es decir «no quiero que entre fruta enferma» y otra es decir «no quiero que entre fruta porque me está haciendo competencia». Las dos cosas pueden ocurrir al mismo tiempo, claro que sí. Lo que todavía no podemos decir, porque no hay pruebas suficientes, es que las 52 toneladas de aguacate que terminaron destruidas hayan sido quemadas solamente para sacar del mercado producto de otros estados. Sería irresponsable afirmarlo. Senasica sí confirmó detecciones de plagas en cargamentos inspeccionados y eso hay que decirlo completo. Pero tampoco tenemos, por lo menos hasta ahora, un dictamen público que explique con pelos y señales qué tenían esas 52 toneladas, quién ordenó destruirlas y bajo qué análisis sanitario se tomó la decisión.

Y francamente, tratándose de 52 toneladas de aguacate, no estamos hablando de dos costales que se echaron a perder detrás de una bodega.

Ahí hay dinero.

Mucho.

Y donde hay dinero también hay intereses.

Michoacán ha construido alrededor del aguacate una maquinaria enorme: productores, empacadores, exportadores, cuadrillas de corte, transportistas, comercializadores y compradores que se pelean centavos y pesos en cada kilo. Si de pronto entran a esas mismas empacadoras cargamentos procedentes de Jalisco, Nayarit o Colima, el comprador tiene más de dónde escoger. Y ya sabe usted lo que pasa cuando al comprador le sobran opciones: normalmente el que empieza a aflojar el precio es el que produce.

Por eso vale la pena investigar si, en medio de una preocupación sanitaria verdadera, también terminó apareciendo una defensa económica del mercado michoacano.

No estoy diciendo que así haya sido.

Estoy diciendo que sería bastante ingenuo no preguntarlo.

Porque además, mientras todos estamos viendo los videos de aguacates tirados y camiones detenidos, por debajo viene caminando otro asunto que probablemente va a dar todavía más dolores de cabeza: el nuevo esquema laboral para poder exportar.

Y aquí la cosa se pone buena.

El Certificado Laboral para la Agroexportación y la plataforma VELAGRO buscan que quienes participan en la cadena del aguacate demuestren cada vez con mayor claridad quién produce, quién corta, quién empaca y quién trabaja ahí. En pocas palabras, que el trabajador deje de ser invisible para la seguridad social.

Y eso, desde el punto de vista humano, está bien.

Un cortador de aguacate se sube a árboles, carga, corta, trabaja con herramientas y se expone a accidentes. Un jornalero no debería tener que encomendarse a la Virgen para que no le pase nada porque si se rompe una pierna después nadie sabe quién se hace responsable. Si trabaja, debería tener seguridad social. Punto.

Pero luego viene la pregunta que siempre llega después del discurso bonito:

¿quién paga?

Porque el productor ya paga fertilizante, agua, electricidad, combustible, poda, corte, transporte, sanidad, certificaciones y quién sabe cuántas cosas más antes de ver un peso de ganancia. Ahora habrá que agregar cuotas patronales, registros, administración, trazabilidad, papeles, sistemas y probablemente un contador que le explique al productor qué botón tiene que apretar para no quedar fuera de la exportación.

Y todo eso ocurre precisamente cuando algunos agricultores dicen que les están pagando 13, 15 o 20 pesos por kilo.

Ahí está el verdadero atorón.

Porque si el precio del aguacate no alcanza y aumentan los costos laborales, alguien tendrá que poner ese dinero. No hay magia.

Puede pagarlo el productor.

Puede absorber una parte la empacadora.

Puede asumirlo el exportador.

Puede trasladarse al comprador estadounidense.

O se lo pueden repartir entre todos para que nadie llore demasiado.

Pero alguien lo va a pagar.

Y las cuotas del IMSS, hasta donde sabemos, todavía no aceptan aguacates como forma de pago.

Lo que me preocupa es el pequeño productor. Porque la empresa grande puede contratar gente que lleve registros, sistemas, nómina, seguridad social y todo el papeleo. El productor pequeño muchas veces está preocupado por sacar adelante la huerta, conseguir quién corte y encontrar quién le compre.

¿Y qué puede pasar cuando el trámite se vuelva demasiado complicado?

Pues lo de siempre.

Aparecerá alguien que diga: «yo se lo arreglo».

Y ese alguien cobrará.

Después nos extrañaremos de que aparezcan nuevos intermediarios.

Queremos mandar al coyote al monte y podemos terminar comprándole computadora, escritorio y contraseña para VELAGRO.

Así somos.

Pero tampoco conviene satanizar la formalización. El trabajador necesita protección y eso no está a discusión. Lo que debe discutirse es cómo se va a pagar esa protección sin reventar al productor más chico. Porque si desde una oficina alguien cree que basta con publicar un reglamento y decir «a partir de mañana todos asegurados», seguramente hace mucho que no pisa un huerto.

No por nada el Gobierno ha decidido aplicar el esquema de manera gradual.

Y todavía hay otro problema. Cuando los productores paran el corte para presionar por mejores precios, ellos pierden dinero, sí, pero el jornalero pierde el día. Y el jornalero generalmente no tiene ahorros para esperar tres semanas a que productores, empacadores y Gobierno terminen de ponerse de acuerdo.

Ahí también se puede romper la cadena.

1. El productor quiere un mejor precio.
2. El trabajador quiere salario y seguro.
3. La empacadora quiere fruta barata y suficiente.
4. El exportador quiere que no le cierren Estados Unidos.
5. Jalisco, Nayarit y Colima quieren vender.
6. Michoacán quiere defender su mercado.
7. Senasica quiere cuidar la sanidad.
8. El IMSS quiere que se cumplan las obligaciones.
9. Trabajo quiere formalidad.

Y el consumidor quiere su guacamole sin preguntar quién pagó todo lo anterior.

Pues así está el asunto.

Por eso creo que esas 52 toneladas destruidas son apenas la parte que se alcanza a ver desde afuera. El verdadero problema no está solamente en la fruta quemada, sino en lo que viene detrás: quién podrá vender, quién podrá exportar, quién asumirá los costos laborales, qué fruta podrá entrar a las empacadoras y cuánto le quedará finalmente al productor.

Porque podemos inventar certificados, plataformas, códigos, sellos y nombres muy elegantes.

Podemos revisar camiones.

Podemos detener cargamentos.

Podemos poner más inspectores.

Pero al final, cuando un productor termina de levantar su cosecha y saca la libreta, la pregunta sigue siendo la misma de toda la vida:

¿Cuánto gasté y cuánto me quedó?

Y si después de hacer cuentas vuelve a descubrir que trabajó para quedar tablas, o peor, para quedar debiendo…

entonces el problema del aguacate no se va a apagar quemando fruta.

Al contrario.

Apenas le estaremos echando más leña.

LOS LEO EN LOS COMENTARIOS.

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EL CAMPIRANO

Qué diferentes se ven los problemas del campo dependiendo de qué lado del río le toque a uno sembrar. Resulta que a los agricultores de Estados Unidos comenzó a apretarles el zapato por donde más duele: el diésel se disparó, subieron fertilizantes y otros insumos y las cuentas de la cosecha comenzaron a ponerse color de hormiga. ¿Y qué hizo Washington? El 19 de octubre sacó la chequera y anunció 8 mil millones de dólares para un programa extraordinario que ayudará a compensar parte de los costos y pérdidas de los agricultores durante 2026. No es regalo completo ni va a dejar ricos a los granjeros; tampoco han entregado todavía los cheques y las tarifas por cultivo se conocerán hasta noviembre. Pero el mensaje quedó clarito: cuando el costo de producir amenaza con comerse la rentabilidad, el Gobierno estadounidense mete dinero para amortiguar el trancazo.

Y no estamos hablando de agricultores nadando en dinero. Ni que fueran dulces de Halloween. El propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos calcula que durante 2026 los gastos de producción subirán 4.5 por ciento, hasta 492 mil 800 millones de dólares; solamente combustible y aceites aumentarían 28.8 por ciento, mientras el ingreso agrícola neto disminuiría 2.6 por ciento en términos nominales y 5.5 por ciento descontando inflación. Por eso aparecieron los ocho mil millones. Es decir, allá hicieron las cuentas, vieron que el tractor tragaba más dinero, que la cosecha estaba costando más y decidieron poner un colchón debajo del productor antes de que se diera el sentón.

Mientras tanto, de este lado del río tenemos otra película. Antes de que alguien diga que en México no existe ni un peso para el campo, hay que hablar derecho: sí existen apoyos. El Gobierno federal reporta 107 mil millones de pesos en programas rurales durante 2026, Producción para el Bienestar tiene apoyos directos, Fertilizantes para el Bienestar ya atendió a más de dos millones de productores —con entregas tardías— y Cosechando Soberanía ofrece crédito y seguros. Incluso para el maíz del Bajío se estableció anteriormente un incentivo complementario de 950 pesos por tonelada. Así que decir que aquí no se ayuda absolutamente nada sería acomodar la carreta para que nos salga el viaje.

El problema es que los campesinos que otra vez preparan los tractores para salir a carretera dicen que eso no les resuelve la cuenta final. Y es que nadie sabe lo que carga en el costal. Para el próximo 27 de octubre, productores de diez estados convocaron nuevamente a movilizaciones por precios del maíz, apoyos pendientes, agua y costos de producción. En pocas palabras: mientras en Washington anunciaban ocho mil millones de dólares para ayudar a absorber el golpe de los insumos, en México había agricultores anunciando que volverían a estacionar los tractores sobre el asfalto para ver si así alguien les hace caso. La comparación podrá ser incómoda, pero ahí está.

Y aquí es donde este Campirano quiere echarle otro costal a la discusión, porque el problema estadounidense no se queda allá. México compra muchísimo maíz a Estados Unidos. Durante solamente el primer semestre de este año entraron 11.7 millones de toneladas de maíz amarillo y casi medio millón de toneladas de blanco. Agricultura insiste, con razón, en separar ambos mercados: México produce prácticamente todo el maíz blanco que requiere para alimentación humana, mientras la gran dependencia externa está en el amarillo, utilizado principalmente para animales y procesos industriales. El USDA ha proyectado que México podría importar alrededor de 27 millones de toneladas de maíz en el ciclo 2025/26 y 27.7 millones en 2026/27, aunque Agricultura mexicana ha cuestionado que esas cifras se utilicen indistintamente como si fueran producción anual, ciclo agrícola y año calendario.

Por eso cuidado con una conclusión demasiado fácil: que Estados Unidos tenga el diésel carísimo no significa automáticamente que mañana vaya a subir la tortilla en México. El asunto tiene más vueltas. Si el combustible estadounidense aumenta, producir una tonelada de maíz también cuesta más y parte de esa presión puede eventualmente llegar al precio internacional. Pero ahora el Gobierno de aquel país mete ocho mil millones de dólares para ayudar a que ese agricultor siga sembrando, cosechando y compitiendo. ¿Y qué puede significar eso para nosotros? Que el productor mexicano no solamente compite contra otro agricultor; compite contra otro agricultor que lleva detrás una maquinaria pública capaz de absorber parte de sus pérdidas.

Ésa es quizá la verdadera preocupación.

Porque si el apoyo estadounidense ayuda a mantener producción y exportaciones aun con costos elevados, el grano que cruza la frontera puede seguir llegando a precios con los que muchos productores mexicanos difícilmente pueden competir. Y entonces aparece una de esas maravillas del libre mercado: al mexicano le decimos que se vuelva eficiente, que reduzca costos, que produzca más por hectárea y que aguante la referencia internacional; mientras su competidor llega al mercado con seguro agrícola, programas de precio, créditos, cobertura de riesgos y ahora, de pilón, un paquete extraordinario para combustible y pérdidas.

El maíz gringo podrá venir sin sombrero.

Pero no viene solo.

Ahora póngale diésel a la cuenta mexicana. El precio promedio nacional se encontraba el 9 de octubre en 26.99 pesos por litro, según Profeco. El Gobierno y los gasolineros tienen un acuerdo para procurar que no supere los 27 pesos durante este periodo, lo cual contiene parte del golpe para todos los consumidores. Pero al agricultor no le basta saber que el litro no pasó de 27 cuando debe meter cientos o miles de litros en tractores, trilladoras, bombas de riego, camiones y maquinaria durante un ciclo agrícola.

Zacatecas tiene incluso su propio programa de diésel agropecuario. Este año destinó 40 millones de pesos para 3 mil 333 productores, entregando tarjetas de 12 mil pesos, equivalentes aproximadamente a 500 litros por beneficiario. Bienvenido el apoyo; cualquier productor sabe que 500 litros ayudan. Pero también sabe qué tan rápido desaparecen cuando se prende un tractor y comienza el trabajo de verdad.

Y ahí está justamente la diferencia de enfoque que vale discutir. Estados Unidos vio una coyuntura extraordinaria de combustible y decidió responder con un programa extraordinario de ocho mil millones de dólares. México tiene apoyos permanentes que atienden principalmente a productores pequeños y medianos, fertilizantes gratuitos, transferencias y créditos, pero una parte importante de los agricultores comerciales insiste en que falta algo que para ellos resulta fundamental: una política que amarre costo de producción, precio de comercialización y rentabilidad.

Porque sembrar apoyado y cosechar quebrado sigue siendo quebrar.

Ese reclamo se ha hecho especialmente visible en el maíz. Los agricultores del Bajío que preparan las movilizaciones piden mantener el incentivo federal por tonelada, ampliar las aportaciones estatales, cubrir más cosecha y pagar adeudos anteriores. No están pidiendo únicamente fertilizante ni una tarjeta; están diciendo que el problema comienza cuando llegan con la cosecha al mercado y descubren que lo que reciben no alcanza para pagar lo que gastaron.

Y eso nos lleva otra vez al vecino.

El Gobierno estadounidense no está garantizando que todos sus agricultores ganen dinero ni les está pagando cada peso que pierdan. Los ocho mil millones cubrirán solamente una parte de las pérdidas calculadas mediante superficie sembrada, costos, rendimientos y precios. Pero fíjese usted en la lógica: el apoyo se relacionará precisamente con cuánto cuesta producir y con lo que vale el cultivo.

Acá ésas son justamente las dos palabras que más se escuchan en cada bloqueo: costo y precio.

Algo nos está queriendo decir el campo.

Y todavía hay otra cosa que deberíamos mirar con cuidado. Antes de este nuevo programa, el USDA ya proyectaba 47 mil 400 millones de dólares en pagos directos gubernamentales al sector agrícola durante 2026, sin contar préstamos ni indemnizaciones del seguro federal. Eso ayuda a entender que la agricultura estadounidense no funciona en ese cuento de hadas donde el mercado resuelve solito todo mientras el Gobierno mira desde la cerca. El agricultor estadounidense también vive con política pública, seguros, compensaciones y apoyos. Bastantes.

Así que cuando el productor mexicano pide mecanismos para competir no necesariamente está pidiendo que le regalen el rancho. Está viendo al vecino.

Y el vecino trae tractor, tecnología, financiamiento, seguro… y Gobierno.

Dentro de unos días veremos nuevamente productores mexicanos en carretera si no alcanzan acuerdos antes del 27 de octubre. Ojalá las mesas funcionen y no haga falta cerrar un solo carril, porque una carretera bloqueada perjudica también al ciudadano que nada tiene que ver con el pleito. Pero sería quedarse mirando el dedo y no la luna pensar que el verdadero problema son los tractores atravesados.

El problema está en preguntarnos por qué vuelven.

Porque allá cuando el diésel aprieta, sacan la chequera.

Acá tenemos programas, tarjetas, fertilizante y créditos, sí.

Pero si al final del ciclo el productor sigue teniendo que sacar el tractor de la parcela para estacionarlo en la carretera…tal vez todavía nos falte apoyar justamente donde más duele: en la cuenta que queda después de vender la cosecha.

Te leo en los comentarios.