CIUDAD DE MÉXICO. – La Comisión de Ganadería, presidida por
el diputado Eduardo Ron Ramos (MC), acordó elaborar una contrapropuesta
presupuestal por los recortes al sector hacia 2020; realizar reuniones de
trabajo con las comisiones de Desarrollo y Conservación Rural y la de Recursos
Hidráulicos para definir acciones conjuntas, y enviar una carta al presidente
de la República con el objetivo de solicitar un encuentro y dialogar sobre el
tema.
Durante una reunión con especialistas del Centro de
Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria
(CEDRSSA), a fin de analizar la propuesta del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) del próximo año, los diputados externaron sus inquietudes ante
la reducción al Programa Especial Concurrente (PEC), la eliminación de siete
planes y subsidios en apoyo a la ganadería.
Ron Ramos destacó la importancia de conocer la perspectiva
del CEDRSSA sobre el gasto del próximo año, porque retroalimenta y enriquece
las decisiones al dictaminar el PEF 2020 y consideró reprobable la propuesta
para el sector.
Precisó que “el Programa de Fomento Ganadero fue eliminado
desde este año; pese a que los diputados aprobaron 500 millones de pesos, la
Secretaría de Hacienda lo eliminó. Es irrespetuoso para miles de productores
pequeños que gastaron en un proyecto y en la compra de insumos y no les dieron
ni los folios de apoyo”.
“Está desastroso el presupuesto que nos envía el Ejecutivo.
El Plan Nacional de Desarrollo se aprobó porque teníamos la esperanza de que se
atendieran las necesidades presupuestarias, pero hay reducciones”.
No se pueden quedar desamparados los productores, los
seguros contra siniestros naturales y contingencias son esenciales para ampliar
coberturas y primas realistas ante el impacto de cambio climático, consideró.
Por el PRI, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez propuso un
frente común entre las comisiones vinculadas al campo para que el presupuesto
2020 dé un viraje. “Es ridículo que pugnemos no porque designen más recursos,
sino que no nos quiten más”.
De Morena, el legislador Iván Ayala Bobadilla pidió
reunirse con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para
que, entre todos, se analice de dónde se “pueden jalar recursos” y explorar
todas las opciones, porque la prioridad es responder a los ciudadanos.
Denunció la compra de votos y acarreo de gente en diversas
regiones. “Estamos regresando a las viejas prácticas clientelares que ofrecimos
desterrar”. Demandó tomar acciones y apoyo del Ejecutivo federal.
Su correligionario, Ricardo Delsol Estrada, respaldó la
desaparición de programas paternalistas y la reducción de recursos al programa
Crédito a la Palabra porque no se manejó eficientemente. Manifestó su
preocupación por la designación de sólo 500 millones de pesos hacia la
contratación de seguros, cifra fijada sin el consenso de los productores que
requieren más apoyos ante las condiciones climáticas adversas, como la sequía
en diversos estados.
De Acción Nacional, el diputado Mario Mata Carrasco aseguró
que con esta reducción presupuestaria se desmantela al campo, por la falta de
recursos y de funcionarios que atiendan los trámites que se requieren. Indicó
que el programa Crédito a la Palabra se aplicó mal, los montos para los seguros
catastróficos son insuficientes debido a las altas tasas en que se contratan.
De la misma bancada, el legislador Guadalupe Romo Romo
aclaró que solicitar más recursos al presidente de la República no significa
estar en su contra, porque los diputados en su conjunto trabajan con el
objetivo de superar los problemas. Criticó la reasignación de fondos a otros
proyectos y su fusión.
Francisco Javier Guzmán De La Torre, diputado de Morena,
pidió analizar profundamente el presupuesto para el agro y dar una respuesta
que beneficie a los agricultores.
También de Morena, Roque Luis Rabelo Velasco manifestó su
acuerdo en elaborar una contrapropuesta presupuestaria con la definición de
montos y programas específicos sustentados plenamente, a fin de redireccionar
recursos al sector pecuario.
La diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano (Morena) comentó
que la población de Tabasco, entidad que representa, pregunta cuándo va a
llegar el ganado, porque “la gente nos dio la confianza, pero no han visto
avances y en la actualidad se está consumiendo carne que proviene de Guatemala;
por eso es importante resolver el tema”.
Del mismo partido, la diputada Carmen Medel Palma consideró
que el propósito de los programas gubernamentales en ganadería es bueno, pero
su ejecución no. Dijo que a los diputados “no se nos deja accionar en los
programas; yo los desconozco porque no nos dejan estar inmersos en ese tema”.
La diputada Carmen Mora García, también de Morena,
manifestó que no está de acuerdo con la baja de presupuesto a la ganadería,
“porque el objetivo es que produzcan; sin embargo, estamos siendo omisos”.
Propuso que la comisión se reúna con el secretario de Hacienda y Crédito
Público para que explique por qué la reducción del presupuesto.
Efraín Rocha Vega, de Morena, estimó que sí ha bajado el
presupuesto, “pero se ha afectado a los grandes productores”. Las pequeñas y
medianas empresas son las que sostienen al país y es a quien ahora se apoya.
“Los recursos se están yendo al tema social, por el cambio de régimen”.
Jesús Guzmán Avilés, del PAN, planteó impulsar una
iniciativa para penalizar la compra de ganado ilegal. “Es un tema que se debe
tratar en la comisión; ir por toda esa cadena, iniciando con quién compra”.
Agregó que se deben promover programas dirigidos a los productores medianos,
porque compiten contra la ganadería subsidiada de Estados Unidos y el sur que
no paga impuestos, y auspiciado hasta por grupos delincuenciales, denunció.
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (PAN) dijo que no se
puede respaldar a un gremio como la ganadería con programas ocurrentes. Estimó
que no se debe reorientar el presupuesto para ver que esta actividad se
desarrolla. “Hay problemas en la frontera sur con el contrabando de ganado, en
la frontera norte, con Fomento Ganadero, y por la introducción desmedida de
leche en polvo”.
Del PRI, el diputado Juan José Canul Pérez advirtió que con
recortes en el presupuesto han desaparecido programas reales de apoyo a la
ganadería en la secretaría federal del ramo. “Nos están condenando en esta
actividad. La disminución de los recursos pega de manera directa a los
ganaderos, pero se quitó la capacidad de gestión a los diputados”.
La diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (PT) planteó una
reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque
“estamos frente a los retos del 2030, y hay 17 objetivos que México debe
alcanzar”. Añadió que el Ejecutivo necesita escuchar las voces de los
congresistas y tratar temas como agroalimentación, ganadería y agua.
Gildardo López Tijerina, encargado de la dirección general
del CEDRSSA, planteó los aspectos relevantes que pueden incidir en la discusión
de los recursos para el campo, en concreto en el sector pecuario. “La reducción
es realmente notable y tiene sus consecuencias. No puede pasarse por alto que
no ocurriría ningún efecto”.
Refirió la baja en el Programa Especial Concurrente para el
Desarrollo Rural Sustentable (PEC), por 20 mil 635.7 millones de pesos,
respecto a este año, al pasar de 352 mil 90 millones a 331 mil 455 millones,
privilegiando la vertiente social al captar el 33.2 por ciento de los recursos
totales canalizados al campo, infraestructura con 20.4 por ciento y salud con
16.5 por ciento.
Los rubros vinculados a la productividad agrícola, como
infraestructura y competitividad suman el 30 por ciento del presupuesto, cuando
requieren tener especial atención.
Para el próximo año participarán de forma transversal trece
secretarías de Estado en el sector, de quince que lo hicieron en el 2019.
Refirió la reducción de 19 mil 181.7 millones de pesos a la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) que repercute en el PEC;
las entidades no sectorizadas que concentran la atención a indígenas resienten
una baja de 2 mil 437.9 millones; Sedatu, 6 mil 133.7 millones y la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, mil 434.9 millones de pesos.
López Tijerina señaló que entre las consideraciones
generales del PEC 2020 se prioriza la atención a la pobreza, a través de la
Secretaría del Bienestar; se mantienen programas de servicios públicos; se
reducen los subsidios para bienes privados como equipo, maquinaria, paquetes
tecnológicos y transferencias directas.
Se incorpora al PEC el programa Sembrando Vida, mediante la
Secretaría del Bienestar, por ser un proyecto medioambiental y de fomento
productivo; se debe valorar su coordinación por la Sader y Semarnat, consideró.
Resaltó la necesidad de “valorar la pertinencia de dar suficiente
presupuesto a los componentes de Atención a Siniestros Agropecuarios y energías
renovables, para tener alternativas limpias a mediano plazo, por su importancia
para mitigar los efectos del cambio climático y el agotamiento de los recursos
fósiles”.
Los apoyos a la comercialización se mantienen a través del
Programa de Precios de Garantía; sin embargo, cambia la población objetivo,
sólo podrán acceder los productores medianos y pequeños. Es pertinente
considerar esquemas de respaldo a los grandes productores de granos y
oleaginosas.
Además, es necesario ampliar la distribución de
fertilizantes a precios accesibles, que operó sólo en Guerrero, e impulsar la
producción de biofertilizantes amigables con el hábitat.
Fernando León Guadarrama, investigador del CEDRSSA, explicó
que en la Sader los subsidios se eliminan casi de manera equiparable a la
reducción presupuestal; de 20 programas vigentes este año, para el próximo,
siete desaparecen y 13 permanecen, de los cuales seis disminuyen recursos, dos
mantienen los fondos y cinco los incrementan. Destaca la desaparición del
programa de fomento ganadero.
También del CEDRSSA, el investigador Miguel Ponce González
refirió que, por duplicidad de propósitos e indicadores, al Programa de Fomento
a la Agricultura se le adicionan los de Productividad y Competitividad
Agroalimentaria y el de Agromercados Sociales y Sustentables.
Los tres proyectos sumaron este año, 10 mil 892.8 millones
de pesos, para 2020 sólo 100 millones de pesos, sin especificar su distribución
por componentes.
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