CIUDAD DE MÉXICO.- La Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, que está en proceso de discusión en la Cámara de Senadores, permitirá transformar los sistemas alimentarios del país como un todo, de una manera articulada, para transitar hacia esquemas justos, saludables y sustentables, afirmó el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera.

Su entrada en vigor, subrayó, también permitirá a México fortalecerse en un contexto global de crisis climática y crisis geopolítica, las cuales propician vulnerabilidad de las poblaciones en el acceso a los alimentos.

El funcionario participó en un foro organizado por el Senado y por el Frente Parlamentario Contra el Hambre Capítulo América Latina y el Caribe, enfocado a discutir las implicaciones de esta ley reglamentaria, cuyo decreto fue aprobado en lo general por las comisiones senatoriales de Desarrollo y Bienestar Social y de Estudios Legislativos Segunda.

En su intervención, el subsecretario Víctor Suárez exhortó a los legisladores de las cámaras alta y de Diputados a votar positivamente esta legislación durante el actual periodo de sesiones.

Esta ley, promovida por la senadora por Tlaxcala Ana Lilia Rivera Rivera, se sustenta en la modificación, en 2011, al artículo 4º Constitucional, que consagró el derecho humano a la alimentación, al establecer que: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”, y es también resultado de 25 años de lucha y movilización social, dijo.

Destacó que la legislación prevé establecer un plan estratégico de largo plazo de producción de alimentos y la conformación de reservas, lo cual es clave para afrontar las crisis actuales y futuras.

“No olvidemos que estamos transitando de un mundo unipolar a uno multipolar y esto genera transformaciones radicales en los modos de producción, distribución y comercialización de los insumos requeridos para la alimentación que colocan a los países que sufren dependencia alimentaria en una condición de suma gravedad. Por ello, la creación de reservas estratégicas de alimentos que prevé esta ley me parece algo extraordinariamente pertinente”, expresó.

También, dijo, es un acierto enorme de la ley propiciar la coordinación de políticas e instituciones orientadas a dar garantía de alimentación suficiente, nutritiva y de calidad. “Importa mucho que estos mecanismos de coordinación interinstitucional no generan presión presupuestaria adicional”, agregó.

Destacó que la ley en discusión considera articular el derecho a la alimentación a otros derechos humanos consagrados por la Constitución, en particular el de la salud. “Ello está vinculado a la reconstrucción social como condición básica para el desarrollo humano y la convivencia pacífica de nuestros pueblos”, indicó.

Resaltó que hoy el país padece los estragos de decisiones tomadas durante décadas por los gobiernos neoliberales, que desmantelaron las instituciones que impulsaban la producción nacional y garantizaban el acceso a dietas saludables, vinculada a las culturas agroalimentarias locales.

Entonces se estableció una desprotección que hoy repercute en una situación de inseguridad alimentaria, procesos de dependencia alimentaria y una mala nutrición que se impuso de la mano de los tratados de libre comercio, dijo.

Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible

El proyecto de Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible establece:

“El derecho de todas las personas, de manera individual o colectiva, a una alimentación adecuada en todo momento, y a disponer de alimentos para su consumo diario, así como el acceso físico y económico para una alimentación inocua, de calidad nutricional y en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades fisiológicas en todas las etapas de su ciclo vital que le posibilite su desarrollo integral y una vida digna, de acuerdo con su contexto cultural y sus necesidades específicas derivadas de su género, edad, raza u origen étnico, religión, condiciones de salud y actividades, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, sin poner en riesgo la satisfacción de las otras necesidades básicas”.

Entre sus objetivos están establecer mecanismos de planeación, coordinación y competencia entre las autoridades de la federación, estados y municipios en las acciones encaminadas a garantizar el derecho a la alimentación adecuada, y fomentar la producción, abasto, distribución y consumo de alimentos nutritivos, suficientes y de calidad; fortalecer la autosuficiencia, la soberanía y la seguridad alimentaria del país, y promover la generación de entornos alimentarios sostenibles que propicien el consumo informado de alimentos saludables y nutritivos.

Asimismo, la legislación prevé que las dependencias federales, de los estados y municipios incorporen al menos un 30 por ciento de sus compras gubernamentales de alimentos e insumos primarios, directamente de los productores agropecuarios, pesqueros y forestales de pequeña y mediana escala.

Considera además la creación de reservas estratégicas de granos básicos y semillas, que permitan superar el desabasto y dar continuidad a la actividad productiva.

También, crea el Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (SINSAMAC), que sería la instancia de colaboración entre los tres órdenes de gobierno, la ciudadanía y los comités de alimentación, para promover políticas y medidas tendientes a promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la alimentación adecuada.

En el foro participaron por el Senado la legisladora promovente de la ley y vicepresidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, y los presidentes de las Comisiones de Desarrollo y Bienestar Social, Elvia Marcela Mora Arellano: de Salud, Lilia Margarita Valdez, y de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino.

Además, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López Gattel; el oficial técnico de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre de la FAO, Luis Lobo; el representante asistente-programas de la FAO México, Eduardo Benítez Paulín; el jefe de nutrición de Unicef México, Mauro Brero; el director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, Simón Barquera; la diputada federal Claudia Tello; el director de El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, la directora ejecutiva de The Hunger Project México, Montserrat Salazar Gamboa; la directora de COA Nutrición, Julieta Ponce Sánchez, y el director regional del Sureste de Conacyt, Luis García Barrios.