• Integrantes de Campesinos Unidos de Sinaloa fueron llamados a comparecer este lunes 10 de agosto ante la FGR en Culiacán; dirigentes agrícolas consideran que los citatorios podrían estar relacionados con las movilizaciones en casetas.
• El sector mantiene reclamos por pagos, precios y condiciones de comercialización del maíz, mientras el Gobierno federal comenzó este mes la entrega de incentivos para más de 26 mil 800 productores sinaloenses.

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CULIACÁN, SIN.- Después de meses de movilizaciones, protestas en carreteras y apertura de casetas al libre tránsito, el conflicto de los productores de maíz de Sinaloa llegó ahora a la Fiscalía General de la República (FGR).

Integrantes de Campesinos Unidos de Sinaloa fueron citados para comparecer este lunes 10 de agosto en Culiacán, situación que dirigentes de la organización interpretan como una posible acción relacionada con las protestas realizadas para exigir pagos pendientes y mejores condiciones para comercializar el maíz.

El dirigente agrícola Martín Lim Cisneros calificó los citatorios como una posible medida de intimidación o represalia contra quienes participaron en las movilizaciones. Sin embargo, hasta ahora no existe información pública suficiente de la FGR que permita establecer con precisión los hechos investigados o la responsabilidad jurídica de los productores citados.

De acuerdo con información publicada por Revista Comentarios, uno de los citatorios fue expedido el 5 de agosto y notificado el día 7, con la instrucción de presentarse este lunes en instalaciones de la Fiscalía en Culiacán para declarar dentro de una carpeta de investigación.

Por ello, no sería correcto afirmar que los productores están siendo procesados exclusivamente por bloquear carreteras o tomar casetas hasta que se conozca formalmente el contenido de la investigación.

Protestas agrícolas vienen de meses atrás

El conflicto entre productores y autoridades no comenzó con estos citatorios.

Durante los últimos meses, agricultores sinaloenses han realizado diferentes movilizaciones para exigir precios rentables, cumplimiento de apoyos gubernamentales y mayor certidumbre en la comercialización de sus cosechas.

Campesinos Unidos ha participado en protestas carreteras y en casetas de peaje, utilizadas por los productores como mecanismo de presión para colocar las demandas del sector en la agenda federal.

No es además la primera ocasión en que agricultores sinaloenses reciben llamados de la Fiscalía.

En marzo de este año, dos productores de la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, recibieron citatorios relacionados con movilizaciones carreteras realizadas durante noviembre de 2025. La existencia de aquella investigación, identificada como FED/SIN/CLN/0003340/2025, fue corroborada por Revista Espejo.

Hasta el momento no está confirmado públicamente que los nuevos citatorios correspondan a esa misma carpeta de investigación.

Comienza entrega de apoyos al maíz

La comparecencia ocurre mientras los gobiernos federal y de Sinaloa avanzan en la entrega de incentivos correspondientes a la cosecha de maíz blanco del ciclo otoño-invierno 2025-2026.

La Secretaría de Agricultura informó el 4 de agosto que el esquema contempla a más de 26 mil 800 productores, alrededor de 3.5 millones de toneladas de maíz blanco y 348 mil 045 hectáreas en Sinaloa.

El programa considera un incentivo federal de 800 pesos por tonelada, además de la participación del gobierno estatal y otros instrumentos vinculados al financiamiento de la producción.

Sin embargo, para las organizaciones agrícolas el inicio de estos pagos no resuelve todas las demandas acumuladas, ya que los reclamos también incluyen apoyos de ciclos anteriores, costos de producción y precios que permitan mantener la rentabilidad de las parcelas.

Del reclamo carretero a la Fiscalía

La situación abre ahora una discusión sobre las consecuencias legales que pueden enfrentar los agricultores cuando sus protestas incluyen carreteras, casetas y otra infraestructura federal.

Los productores sostienen que han recurrido a estas movilizaciones después de meses de negociaciones sin soluciones suficientes y defienden su derecho a manifestarse.

Por ahora, los hechos confirmados son la existencia de citatorios y de investigaciones vinculadas con movilizaciones agrícolas en Sinaloa. Lo que deberá aclararse es qué hechos concretos investiga la FGR, bajo qué calidad jurídica comparecen los productores y si los nuevos llamados están directamente relacionados con las recientes protestas.

La atención del sector estará puesta este lunes en Culiacán, porque después de meses de exigir desde las carreteras mejores condiciones para sus cosechas, productores sinaloenses deberán ahora responder ante la Fiscalía.

• Estudios realizados durante aproximadamente año y medio identificaron la presencia de Phaeocytostroma sacchari y Thielaviopsis en plantas afectadas de la zona cañera de Veracruz.
• Especialistas recomiendan no aplicar fungicidas sin diagnóstico previo, ya que los patógenos detectados afectan principalmente las raíces y requieren un manejo dirigido al suelo.

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CUITLÁHUAC, VER.- El amarillamiento y marchitez observado en cañaverales de Veracruz no estaría relacionado con Fusarium, como inicialmente se había considerado, sino con la presencia de otros hongos que atacan principalmente el sistema radicular de las plantas.

La investigadora Hilda Victoria Silva Rojas, del Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, informó que después de aproximadamente año y medio de estudios se detectaron en muestras provenientes de la zona cañera los hongos Phaeocytostroma sacchari y Thielaviopsis.

“Fusarium no está involucrado en esta zona”, señaló la especialista durante una capacitación dirigida a productores de la zona de abastecimiento del ingenio Central Potrero.

La precisión resulta relevante para los cañeros porque cada agente causal requiere medidas de control diferentes y aplicar productos sin identificar previamente qué está provocando el daño puede representar gastos innecesarios y tratamientos poco efectivos.

El daño comenzaría en las raíces

De acuerdo con Silva Rojas, los organismos identificados se desarrollan principalmente en el suelo y alrededor de las raíces, desde donde afectan el funcionamiento de la planta.

Como consecuencia, la caña comienza a mostrar pérdida de color verde en las hojas, amarillamiento y posteriormente marchitez.

Una de las señales que puede ayudar al diagnóstico aparece al realizar un corte longitudinal del tallo: mientras éste puede conservar aparentemente condiciones normales, los daños se concentran principalmente en las raíces.

Esta característica puede ayudar a diferenciar el problema de otras enfermedades capaces de generar síntomas similares en la parte aérea del cultivo.

Tratamientos deben dirigirse al suelo

Para los productores, una de las principales recomendaciones es evitar fumigar únicamente las hojas o aplicar fungicidas sin conocer primero el organismo responsable del daño.

Si el patógeno se encuentra en el suelo, el tratamiento debe llegar hasta la zona radicular, por lo que resulta importante actuar oportunamente, antes de que el crecimiento y densidad de la caña dificulten que las aplicaciones alcancen la base de las plantas.

La investigadora explicó que cuando existe una población elevada de organismos patógenos puede ser necesario reducir inicialmente su presencia y posteriormente incorporar estrategias de control biológico.

Entre las alternativas que actualmente se estudian se encuentran diferentes cepas de Trichoderma, microorganismos benéficos capaces de establecerse alrededor de las raíces y ayudar a protegerlas frente a diversos hongos fitopatógenos.

Piden diagnóstico antes de gastar en fungicidas

El amarillamiento de la caña ha generado preocupación entre productores de distintas regiones cañeras; sin embargo, hasta el momento no existe una cifra oficial que determine cuántas hectáreas están afectadas específicamente en Veracruz.

Por ello, especialistas recomiendan que antes de iniciar cualquier tratamiento se realice un muestreo de plantas afectadas, revisión de raíces y tallos y diagnóstico técnico que permita determinar la causa del problema.

El mensaje para los agricultores es importante: una caña amarilla no necesariamente está afectada por Fusarium.

Identificar correctamente el patógeno antes de invertir en fungicidas puede permitir reducir costos, elegir el tratamiento adecuado y evitar que el problema avance dentro del cañaveral.

• Productores plantearon establecer un precio de referencia, contratos obligatorios y un sistema nacional de información para ordenar la producción y comercialización del agave.
• Armando Vivanco señaló al diputado jalisciense Martín Franco Cuevas por un supuesto acaparamiento de la jima de al menos mil toneladas; la acusación no está acreditada por una autoridad y debe mantenerse como un señalamiento.

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CIUDAD DE MÉXICO.- La crisis provocada por la sobreproducción y el desplome del precio del agave llegó nuevamente a la Cámara de Diputados, donde productores y legisladores plantearon la necesidad de establecer nuevas reglas para una cadena productiva en la que los agricultores aseguran continuar como el eslabón más vulnerable.

Durante el foro “Situación actual de la producción del agave en México”, realizado en San Lázaro, se analizaron alternativas para ordenar el sector, entre ellas un precio anual de referencia, contratos uniformes entre industriales y abastecedores y la creación de un Sistema Nacional de Información de la Agroindustria del Agave, que permita registrar productores, industriales, comercializadores, exportadores e importadores.

En medio de la discusión, el productor Armando Vivanco señaló públicamente al diputado local de Morena en Jalisco, Martín Franco Cuevas, por un presunto acaparamiento de la jima de al menos mil toneladas de agave. El señalamiento fue difundido después del encuentro, pero debe entenderse únicamente como una acusación formulada por el productor y no como un hecho acreditado por una autoridad.

Legislador había impulsado una ley contra sobreoferta y monopolios

El señalamiento cobra relevancia porque Franco Cuevas ha participado públicamente en iniciativas para regular la cadena agavera.

El 24 de julio de 2025, el legislador presentó en el Congreso de Jalisco una iniciativa para crear la Ley de Desarrollo Sustentable del Agave, cuyo propósito declarado es ordenar la producción, evitar picos de sobreoferta, combatir prácticas monopólicas y establecer límites sobre la superficie que pueden cultivar personas físicas o morales.

El Congreso de Jalisco identifica actualmente a Martín Franco Cuevas como diputado de Morena.

Hasta ahora, el señalamiento hecho por Vivanco no debe presentarse como una responsabilidad comprobada. Por ello, cualquier referencia al supuesto acaparamiento requiere mantener claramente la atribución al productor mientras no exista una resolución o investigación oficial que establezca responsabilidades.

Sobreproducción golpea el precio del agave

Más allá de las diferencias entre dirigentes y organizaciones, la crisis de comercialización tiene antecedentes documentados.

Durante una discusión legislativa realizada en mayo, se advirtió que México podría registrar alrededor de 50 millones de piñas de agave excedentes durante 2026, reflejo de una expansión de la producción que actualmente supera la capacidad de absorción del mercado.

El problema ha generado presión sobre los precios pagados al productor y dificultades para colocar las cosechas.

Durante el foro en San Lázaro, el diputado federal Reginaldo Sandoval Flores planteó la creación de una Ley de Aprovechamiento Sostenible del Agave, destinada a regular la cadena desde la siembra hasta la industrialización y comercialización.

Entre las propuestas se encuentran contratos obligatorios entre industriales y productores, un precio de referencia anual y la creación de una Comisión Nacional para el Desarrollo Sostenible del Agave. También se plantea integrar registros que permitan saber cuánto agave se produce y quién participa en su comercialización.

Productores piden reglas antes de seguir sembrando

El crecimiento de las plantaciones durante los últimos años permitió incrementar la disponibilidad de materia prima para la industria del tequila, pero también generó una sobreoferta que actualmente presiona los ingresos de los pequeños productores.

El reto, coinciden las propuestas presentadas en San Lázaro, será generar mecanismos que permitan conocer cuánto se planta, quién produce, quién compra y bajo qué condiciones se realizan las operaciones comerciales.

Para los agricultores, la crisis evidencia que ampliar la superficie cultivada sin una planeación paralela del mercado puede terminar generando excedentes y fuertes caídas de precio.

La discusión legislativa continuará mientras productores buscan alternativas para colocar plantas que tardaron años en alcanzar su madurez y que hoy enfrentan un mercado con más oferta que capacidad de compra.

Nota de verificación de Mi Tierra

La NOM-006-SCFI-2012, Bebidas alcohólicas-Tequila-Especificaciones, es la Norma Oficial Mexicana que establece las especificaciones aplicables al tequila y su denominación de origen.

En cambio, una referencia aislada a “NOM-003” no debe utilizarse para hablar de regulación del tequila sin precisar su nomenclatura completa, pues el número por sí solo no identifica una norma específica relacionada con esta bebida.