Agricultura
México contra la pared en el tema de maíz transgénico
CIUDAD DE MÉXICO.- México se encuentra contra la pared en el tema del maíz, luego de que el gobierno de Estados Unidos recurrió al panel de controversias en el marco del capítulo 9 del T-MEC para enfrentar el decreto que emitió el gobierno de nuestro país, y que impone restricciones a la importación del maíz genéticamente modificado, así como al uso del glifosato.
Este escenario se complicó más con la reciente decisión de Canadá de sumarse al panel de controversias. Al igual que Estados Unidos, el gobierno de Justin Trudeau afirma que las restricciones impuestas por México carecen de base científica y afectan el comercio en el marco del T-MEC.
Esta situación se originó por la inconsciencia ideológica de funcionarios radicales de la administración federal, así lo aseguró el presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC), Luis Eduardo González Cepeda, luego de señalar que este panel, conformado por especialistas mexicanos, no podrá comprobar científicamente que el consumo del maíz transgénico o sus derivados ocasionan daño a la salud, ya que estos productos se han estado consumiendo en México desde hace más de 25 años.
Asimismo, explicó que de reducirse la importación de maíz transgénico procedente de Estados Unidos se dañará a la economía nacional, y se afectará gravemente al bolsillo de todos los mexicanos, porque ese grano es el insumo principal de los productores ganaderos y avícolas; lo que ocasionaría que todos los alimentos aumenten de precio; en primera instancia, carne de res, puerco, pollo, huevo, leche y sus derivados.
En entrevista, el especialista en protección de cultivos señaló que se ve muy complicado que México reduzca la importación de maíz procedente de Estados Unidos, ya que lejos de reducir las compras al extranjero, México cada vez depende más de ellas, al grado de que en los primeros seis meses del año el valor de las importaciones llegó a los tres mil 229 millones de dólares, en comparación con los dos mil 792 millones de dólares del primer semestre del 2022, según cifras del Sistema de Información Económica del Banco de México.
Lo anterior significa que la socorrida autosuficiencia alimentaria a la que se intenta llegar con las prácticas milenarias que se citan por los funcionarios radicales de la administración, no están dando los resultados que manifiestan en su discurso.
Luis Eduardo González explicó, que las importaciones representan un incremento de 437 millones de dólares, sólo en la compra de maíz grano, sin tomar en cuenta las compras de productos derivados del maíz como endulzantes o harinas finas para repostería, entre otros productos.
La postura ideológica del ala radical que se encuentra dentro de la administración federal, es el mayor obstáculo para el desarrollo del sector rural del país, porque lejos de impulsar el desarrollo de la ciencia para incrementar la productividad, enarbolan banderas que no tienen nada que ver con el desarrollo científico y sí, con ideales que quedaron rebasados hace más de 20 años.
Ejemplo de ello, es la oposición que están ejerciendo contra el glifosato, sin tener en cuenta que estudios recientes realizados en Europa, determinaron que este herbicida no representa ningún riesgo para la salud, es decir, no es cancerígeno.
Sin embargo, “el ala radical de esta administración, porque no es todo el gobierno, tomó al glifosato como bandera, ligándolo con el maíz transgénico, sin importarles que es una herramienta tecnológica que actualmente ayuda a los campesinos y es el herbicida más eficiente que se tiene hasta el momento”.
El decreto emitido por el gobierno puso contra la pared a todas las ramas productivas, porque no sólo se tendrá que importar más maíz, ya que parte de la producción de maíz blanco se tendrá que destinar a la industria pecuaria, sino que además sin el glifosato los cultivos podrían bajar su productividad hasta en un cuarenta por ciento, debido a que no se podrán combatir las malezas que los dañan.
Asimismo, agregó que, con esta medida, como ya está sucediendo actualmente, por falta de vigilancia de las autoridades responsables, va a seguir aumentando considerablemente el tráfico de productos ilegales agrícolas en el mercado, con los consecuentes riesgos a la salud humana, medio ambiente y producción agrícola, y en el mejor de los casos, los costos de producción se verán incrementados porque se tendrán que pagar jornales para quitar las malezas.
Enfatizó que el decreto que prohibirá el uso del glifosato a principios del próximo año debe modificarse. El gobierno debe tomar conciencia de que esta herramienta es de suma importancia no sólo para la producción extensiva del grano como se hace en Sinaloa y otras partes del norte y centro de México, sino para la siembra de autoconsumo y regional del sureste del país.
- Productores de frijol exigen pago de 27 pesos por kilo.
- Campesinos advierten posibles bloqueos y movilizaciones radicales si no hay acuerdos.
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ZACATECAS, ZAC. La crisis del campo zacatecano escaló este fin de semana luego de que productores de frijol advirtieran que “arderá Zacatecas” si el Gobierno del Estado no responde a sus exigencias antes del próximo lunes, tras más de dos semanas de protestas y toma de instalaciones de la Secretaría del Campo (Secampo).
La inconformidad creció después de que una comitiva de campesinos acudiera al Congreso del Estado para exigir la intervención de las y los diputados ante la falta de acuerdos con el Ejecutivo estatal. Durante la reunión, el ambiente se tornó tenso entre reclamos, gritos y acusaciones directas contra legisladores, a quienes señalaron de abandonar al sector agrícola.
El conflicto se agravó cuando los productores recibieron un documento oficial de la Secretaría General de Gobierno en el que se establece que el Estado no cuenta con recursos suficientes para cubrir el precio de garantía exigido por los campesinos, quienes solicitan 27 pesos por kilo de frijol.
Actualmente, el ofrecimiento gubernamental ronda los 16 pesos por kilo, cifra que los productores consideran insuficiente y ofensiva frente a los costos de producción y las pérdidas acumuladas por sequía y crisis económica.
Durante el encuentro en el Congreso, algunos líderes manifestaron su hartazgo por la falta de soluciones y advirtieron que, de no existir respuesta inmediata, podrían emprender acciones más severas que afectarían carreteras y puntos estratégicos del estado.
El clima de desconfianza hacia las autoridades ocurre en un contexto económico complejo. De acuerdo con el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) publicado por el INEGI en abril de 2026, la percepción económica de la población mexicana registró una caída anual de 3.1 puntos, reflejando el descontento social que también alcanza al sector rural zacatecano.
Los productores señalaron que no buscan confrontación, sino condiciones justas para comercializar el frijol y garantizar la permanencia de miles de familias que dependen del campo.
- El chile poblano registra una inflación anual del 41.42%, según datos del INEGI.
- Mientras el consumidor paga hasta $120 pesos por kilo, el productor apenas recibe entre $35 y $45 pesos.
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CIUDAD DE MÉXICO. – El chile poblano se ha convertido en uno de los productos con mayor incremento de precio en la canasta básica mexicana. De acuerdo con cifras oficiales del INEGI, este alimento registra una inflación anual del 41.42%, reflejando el fuerte impacto que enfrenta actualmente el sector agrícola nacional.
Sin embargo, detrás del aumento en supermercados y mercados urbanos existe una realidad distinta en el campo mexicano: el productor continúa recibiendo precios que apenas alcanzan para cubrir los costos de producción.
La brecha entre el campo y la ciudad
Un análisis basado en cifras del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) revela una diferencia superior al 150% entre el precio pagado al agricultor y el costo final para el consumidor.
Actualmente, el productor vende el chile poblano entre 35 y 45 pesos por kilo en parcela, mientras que en supermercados y centrales urbanas el mismo producto alcanza precios de hasta 120 pesos.
| Punto de la cadena | Precio promedio | Situación |
|---|---|---|
| Salida de campo | $40 MXN/kg | Ganancia mínima para el productor |
| Central de abastos | $65 MXN/kg | Incremento por logística y fletes |
| Consumidor final | $105 MXN/kg | Inflación anual del 41.42% |
Especialistas señalan que el fenómeno evidencia el peso del intermediarismo, afectando tanto a las familias consumidoras como a los agricultores que absorben los riesgos climáticos, financieros y productivos.
Producir cuesta cada vez más
El incremento en el precio del chile poblano no responde únicamente a temas comerciales. Productores enfrentan una escalada histórica en los costos de producción.
Entre los factores más críticos se encuentra el precio internacional de la urea, fertilizante esencial para la horticultura, que actualmente ronda los 742 dólares por tonelada.
A esto se suma la reducción de superficie sembrada en distintas regiones productoras. Muchos agricultores han optado por disminuir sus cultivos para evitar endeudamientos, generando una menor oferta en el mercado y presionando los precios al consumidor.
El campo, atrapado entre costos e inflación
Productores advierten que el panorama sigue siendo incierto. Aunque el chile poblano alcanza precios récord en ciudades, el margen real para quien siembra continúa siendo limitado debido al aumento del diésel, fertilizantes, agroquímicos y costos de transporte.
La preocupación principal del sector es que esta crisis provoque una disminución aún mayor en la producción nacional durante próximos ciclos agrícolas.
- Productores de tomatillo denuncian pagos de apenas $1 peso por kilo en campo.
- Agricultores prefieren dejar la cosecha tirada ante pérdidas insostenibles.
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ZACATECAS, ZAC. – La crisis agrícola en Zacatecas alcanzó un nuevo nivel este mayo de 2026. Mientras en las principales ciudades del país el kilo de tomatillo se vende hasta en 50 pesos, en los surcos zacatecanos los intermediarios apenas ofrecen un peso por kilo, provocando pérdidas severas y dejando a cientos de productores al borde de la quiebra.
En municipios agrícolas como Río Grande y Loreto, campesinos han comenzado a abandonar toneladas de producto en las parcelas, ya que cosechar resulta más caro que dejar el cultivo pudrirse. Parte de la producción incluso se utiliza como alimento para ganado o como abono improvisado ante la falta de compradores y precios justos.
La anatomía de la crisis
| Producto | Precio al productor | Precio al consumidor | Situación |
|---|---|---|---|
| Tomatillo | $1.00/kg | Hasta $50/kg | Pérdidas de hasta $12 mil por hectárea |
| Jitomate | $4 a $7/kg | Más de $80/kg | Márgenes mínimos para el productor |
| Cebolla | No cubre ni flete | Variable | Miles de toneladas sin salida comercial |
De acuerdo con productores locales, sembrar una hectárea de tomatillo requiere una inversión cercana a los 90 mil pesos entre semilla, fertilizantes, diésel, riego y mano de obra. Sin embargo, los precios actuales hacen imposible recuperar la inversión.
“Cosechar es perder más”, señalan agricultores afectados, quienes aseguran que el costo del jornal supera el valor de lo recolectado. A esto se suma el incremento en combustibles, con el diésel por encima de los 24 pesos por litro, además del encarecimiento de fertilizantes y agroquímicos.
Cebolla y jitomate también colapsan
La crisis no afecta únicamente al tomatillo. En la Central de Abasto de Loreto se reportan acumulaciones de cebolla morada y blanca sin compradores, con pérdidas estimadas de hasta 5 mil toneladas en este ciclo agrícola.
En el caso del jitomate, productores denuncian una fuerte desigualdad en la cadena comercial. Mientras el consumidor paga precios históricos en supermercados, el agricultor continúa recibiendo pagos mínimos que apenas cubren los costos básicos de producción.
Reclaman intervención urgente
Aunque el Gobierno de Zacatecas ha implementado apoyos como fertilizantes subsidiados y tarjetas para diésel de hasta 12 mil pesos, los campesinos consideran que las medidas son insuficientes ante el tamaño de la crisis.
La principal exigencia del sector es la creación de precios de garantía reales para productos hortícolas como el tomate verde, además de una regulación estricta contra intermediarios y prácticas de acaparamiento que concentran las ganancias lejos del productor.
Agricultores advierten que, de no existir soluciones inmediatas, miles de hectáreas podrían dejar de sembrarse en próximos ciclos, agravando el impacto económico y social en las comunidades rurales del estado.
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