Agricultura
Buscan legisladores garantizar la educación de niños y niñas jornaleros
ZACATECAS, ZAC. – En la sesión ordinaria de este 2 de mayo el pleno de la asamblea consideró de urgente resolución dos puntos de acuerdo. El primero de ellos es para valorar la pertinencia de ya no utilizar el cubrebocas en los espacios abiertos toda vez que prevalece la baja incidencia de casos positivos de covid-19. El otro tema es pedir a las autoridades competentes se garantice la educación de los menores hijos de jornaleros agrícolas.
Por otra parte, se presentaron iniciativas para reformar el marco jurídico local en materia de salud, tránsito y vialidad y erradicación de la discriminación y del hostigamiento sexual.
También se dio a conocer el dictamen de idoneidad de los aspirantes a un espacio en el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos el estado de Zacatecas.
Modificación a la Ley para el Uso del Cubrebocas
Ante la asamblea se presentó un punto de acuerdo propuesto por la diputada Martha Elena Rodríguez a fin de hacer un llamado al Ejecutivo Estatal y a la Secretaría de Salud para que se realice una valoración sobre la necesidad del uso del cubrebocas en espacios públicos abiertos y que posterior a dicho análisis se pueda modificar la Ley que Regula el Uso del Cubrebocas.
Cabe recordar que actualmente en Zacatecas el uso del cubrebocas es obligatorio. Sin embargo, a dos años de haber iniciado la pandemia, las medidas que se implementaron en la entidad para evitar la propagación del covid-19 han dado buenos resultados y la estadística sobre la incidencia diaria de casos se ha reducido considerablemente; un factor clave para ello, sin duda, ha sido el gran avance en la vacunación, por lo que ahora, externó la legisladora, podría ser posible no utilizar cubrebocas en espacios abiertos.
El asunto se consideró de urgente resolución y se aprobó de manera unánime.
Durante la discusión del tema en lo general, subieron a tribuna para hablar a favor los diputados Karla Valdez y Xerardo Ramírez.
Educación para niños y niñas jornaleros
En México se estima que alrededor de 3 millones de personas se desempeñan como jornaleros y jornaleras en los campos agrícolas. De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública sólo el 10 por ciento de las niñas y niños jornaleros en nuestro país asisten a la escuela.
Por lo anterior, el diputado migrante Sergio Ortega Rodríguez expuso a la asamblea un punto de acuerdo para exhortar a diferentes secretarías a que se garantice la educación de los menores jornaleros que llegan a la entidad. El tema se consideró de urgente y obvia resolución y tuvo el aval de todos los legisladores presentes.
Ortega Rodríguez detalló que los problemas que viven los jornaleros migrantes se dan en torno a tres ejes: el migratorio, laboral y educativo, mismos que al no ser resueltos generan un ciclo de pobreza por el que transmiten las desigualdades de manera intergeneracional.
En la iniciativa se pide a la Secretaría de Educación coordine y supervise la creación y apertura de centros educativos temporales, donde estén ubicados los campos agrícolas que contraten mano de obra.
También se solicita a la Dirección de Trabajo y Previsión Social del gobierno del Estado supervisar a los propietarios de los campos agrícolas para que coadyuven con los medios necesarios para la atención debida en la enseñanza.
Finalmente, se le exhorta al gobierno federal y al estatal para que a través de sus dependencias, informen a esta legislatura sobre las acciones que, en su respectivo ámbito de competencias, llevan a cabo para atender las necesidades de las niñas y los niños hijos de jornaleros agrícolas migrantes en Zacatecas.
“Busco ante esta problemática de migración interna como fenómeno familiar, promover el respeto irrestricto a sus derechos humanos y fundamentales, particularmente lo concerniente a la educación para sus hijos”, destacó el legislador Ortega Rodríguez.
Durante la discusión del tema en lo general, el diputado José Juan Estrada se inscribió para hablar a favor de la propuesta.
Prevención de embarazo en adolescentes
16 millones de mujeres jóvenes de 15 a 19 años y aproximadamente un millón de niñas menores de 15 años dan a luz anualmente, la mayoría en países de ingresos bajos y medianos.
Tras reconocer que el embarazo en adolescentes es uno de los principales problemas de salud pública que enfrenta nuestro país y nuestra entidad, la diputada Priscila Benítez Sánchez propuso al pleno una iniciativa de decreto que reforma la Ley de Salud y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas.
El objetivo es establecer en la ley las medidas tendientes a la prevención, información, orientación, atención, control y vigilancia para las niñas, niños y adolescentes, en materia de embarazo a temprana edad.
De acuerdo a los datos presentados por el Registro Nacional de Población (RENAPO) 4 de 100 nacimientos son de adolescentes menores de 17 años, lo que eleva la probabilidad de muerte materna y muerte prematura por complicaciones de embarazo, parto o puerperio.
La deserción escolar, la discriminación, el desempleo y la pobreza son otras consecuencias del embarazo temprano.
Real cumplimiento en las obligaciones de los peatones
Los diputados Ana Luisa del Muro y Xerardo Ramírez Muñoz presentaron una iniciativa que pretende actualizar la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad a fin de garantizar el real cumplimiento de las obligaciones de los peatones que circulan por las calles, avenidas y en su caso vías de alta velocidad.
Los legisladores propusieron modificar la normatividad de nuestra entidad para poder regular y otorgar certeza a conductores y peatones que se vean involucrados en un accidente de tránsito y que las responsabilidades y obligaciones no se atribuyan sólo al conductor.
De avalarse esta iniciativa se crearían las condiciones jurídicas para poder aplicar sanciones a los peatones que por negligencia u omisión de no utilizar los cruces o pasos peatonales pudieran en su caso ser los responsables de un accidente.
Ambos legisladores pidieron modificar también el Código Penal del estado para considerar como un excluyente de responsabilidad penal para los conductores, cuando en un accidente de tránsito haya sido el peatón o el ciclista quien hubiera actuado con negligencia.
Recisión de trabajo para quien incurra en acoso u hostigamiento
Por otra parte, los diputados Analí Infante, Nieves Medellín y Roxana Muñoz plantearon una iniciativa por la que se reforma la Ley del Servicio Civil en su artículo 29.
Los legisladores argumentaron que aun cuando existe un amplio marco jurídico para inhibir la violencia cometida en contra de la mujer, persisten prácticas que fomentan la discriminación y exclusión de este sector.
Una de las violencias que padecen las mujeres es la laboral, misma que se puede hacer presente de manera psicológica, física, patrimonial, económica y sexual.
En el espacio laboral, según señalaron, se presentan con frecuencia actos de hostigamiento y acoso sexual.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, durante el primer trimestre de 2019, alrededor de 23 mil personas abandonaron su lugar de trabajo debido a situaciones de acoso.
El planteamiento dado a conocer a la asamblea es para incluir como causal para la recisión de la relación de trabajo, a la o el trabajador que incurra en responsabilidad por hostigamiento y acoso sexual contra sus jefes o jefas, compañeras y compañeros o familiares en el espacio laboral.
Modificación a la vida interna del Poder Legislativo
El trabajo legislativo no sólo conlleva acudir a las sesiones de pleno; es necesario estar presente en las reuniones de trabajo de las comisiones legislativas para lograr la construcción y aprobación de leyes, acuerdos o decretos legislativos.
Así lo expresaron los diputados Xerardo Ramírez y Ana Luisa del Muro al exponer una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento General.
El propósito de esta modificación es garantizar una verdadera productividad legislativa y que el trabajo en comisiones no se vea afectado por la falta de quórum o la inasistencia de los integrantes de manera injustificada y que por el contrario, se realicen ejercicios democráticos en donde sean expresadas todas y cada una de las opiniones de sus integrantes y que de esta manera sean enriquecidos los dictámenes, integrando las necesidades que la sociedad reclama.
Entre otros aspectos, se establece que cuando el número de integrantes de una comisión legislativa sea par, podrán sesionar con la mitad de sus integrantes y remitir un dictamen al pleno. Si alguno de los integrantes de la comisión disiente de una resolución, podrá expresar su punto de vista por escrito y firmarlo como voto particular.
Lactancia materna libre en cualquier espacio
De manera conjunta, las diputadas Analí Infante Morales y Roxana Muñoz así como el diputado Nieves Medellín Medellín, plantearon a la asamblea una iniciativa para reformar el artículo 9º de la Ley para Prevenir y Erradicar toda forma de Discriminación en el estado.
Los impulsores de esta propuesta recordaron que la leche materna es la más importante fuente de energía para los infantes de entre 6 a 23 meses de edad; la alimentación del lactante y del niño pequeño es fundamental para mejorar la supervivencia infantil y fomentar un crecimiento saludable.
A pesar de lo anterior y en pleno siglo XXI, las mujeres continúan siendo objeto de discriminación por amamantar en público. Es por esta razón que se propuso establecer en la ley que ningún órgano público, estatal o municipal, autoridad, servidor público, persona física o moral realizará actos que tengan por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos de la mujer. Además se considerará como conductas discriminatorias el limitar, incomodar, prohibir, restringir o que se ofenda a toda mujer al momento de ejercer su libre derecho a la lactancia en cualquier espacio con acceso al público.
Reforma a la Ley de Salud Mental
En su oportunidad, el diputado representante del distrito XV, Herminio Briones Oliva declaró que la salud mental se ha posicionado como uno de los rubros que requieren mayor atención en la actualidad.
De acuerdo a la OMS algunos de los trastornos mentales que más están afectando a la población son: la depresión, trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia y la demencia. Las problemáticas asociadas a la salud mental tuvieron un incremento significativo durante la pandemia, especialmente por el aislamiento, la difícil situación económica y la inseguridad, reveló el diputado.
Es por lo anterior que se requieren de mecanismos para una atención más eficiente de las personas que sufran alguna crisis derivada de un trastorno mental o de comportamiento.
En específico, el diputado Briones Oliva propone crear un sistema telefónico cuyo objetivo será brindar atención psicológica de emergencia o primeros auxilios psicológicos en tiempo real a las personas que sufran alguna crisis y además servirá como guía y orientación para quienes se encuentren a cargo del cuidado de quien la sufre.
De igual manera se establece la obligación para que la Secretaría de Salud difunda a toda la población, la existencia de este sistema telefónico.
Dictámenes
LaComisión legislativa de Derechos Humanos presentó el dictamen de idoneidad de los aspirantes registrados para ocupar un espacio en el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.
Las y los diputados apreciaron que tanto Lisandro David Carrillo Félix, Sergio García Castañeda y María Elena Ortega Cortés cuentan con excelentes perfiles académicos y demostraron experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos.
Además, la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción elevó también a tribuna dos dictámenes. El primero es sobre la iniciativa para crear la comisión especial para investigar la corrupción del pasado en el que las y los diputados plasman su coincidencia por fortalecer el desempeño de la función ética de los servidores públicos con el objetivo de prevenir y combatir eficazmente los fenómenos delictivos relacionados con la corrupción. Sin embargo, señalaron que es pertinente que más allá de crear una comisión especial, se dote de facultades a la comisión dictaminadora para impulsar acciones que permitan prevenir y atender casos, situaciones y acciones en materia de corrupción, en los que la Legislatura del Estado pueda remitirlos a las autoridades competentes, solicitar informes, requerir comparecencia de funcionarios públicos y, en caso de ser omisos, sancionar a fin de coadyuvar a erradicar la percepción que se tiene del servicio público. Para ello, se pidió que se reforme la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
El segundo dictamen propone al pleno el archivo definitivo del expediente de solicitud de intervención para requerir un informe a la Secretaría de la Función Pública presentada por Jorge Luévano por la probable comisión de infracciones administrativas y hechos delictivos relacionados con servidores públicos. Los diputaos argumentaron que derivado de la naturaleza de la denuncia y en razón del sistema de responsabilidades administrativas vigente desde 2017, es facultad de la Secretaría de la Función Pública conocer y resolver conflictos que deriven de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública.
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- La Corte determinó que los estados no pueden exigir una advertencia de cáncer en la etiqueta de Roundup si la EPA no la ordena.
- Tras el fallo, Bayer busca cerrar miles de demandas federales, aunque el debate científico, sanitario y agrícola sobre el glifosato sigue abierto.
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CIUDAD DE MÉXICO. La batalla legal por el glifosato tomó un nuevo rumbo en Estados Unidos. La Suprema Corte de ese país falló a favor de Monsanto, hoy propiedad de Bayer, en un caso relacionado con la etiqueta del herbicida Roundup, uno de los productos más conocidos en la agricultura moderna.
La decisión fue emitida el 25 de junio de 2026 dentro del caso Monsanto Company v. John L. Durnell. Por mayoría, la Corte resolvió que la ley federal de plaguicidas de Estados Unidos, conocida como FIFRA, impide que los estados impongan requisitos de etiquetado distintos o adicionales a los aprobados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA.
En palabras simples: si la EPA autorizó la etiqueta de Roundup sin advertencia de cáncer, una corte estatal no puede obligar a Monsanto a incluirla por su cuenta bajo una demanda de “falta de advertencia”.
El caso se originó por la demanda de John Durnell, un habitante de Missouri que aseguró haber usado Roundup durante aproximadamente 20 años y que atribuyó su linfoma no Hodgkin a la exposición prolongada al producto. Un jurado le había otorgado 1.25 millones de dólares, pero la Suprema Corte revirtió ese resultado al considerar que su reclamo por falta de advertencia quedaba desplazado por la regulación federal.
No resolvió si el glifosato causa cáncer
El punto central es que la Suprema Corte no realizó una nueva evaluación médica o científica del glifosato. Lo que resolvió fue una cuestión legal: quién tiene la última palabra sobre la etiqueta de un plaguicida en Estados Unidos, si la autoridad federal o las cortes estatales.
La mayoría sostuvo que, mientras la EPA mantenga aprobada una etiqueta sin advertencia de cáncer, los estados no pueden imponer una obligación distinta por medio de demandas civiles. La opinión fue redactada por el juez Brett Kavanaugh y contó con el respaldo de siete integrantes de la Corte; la jueza Ketanji Brown Jackson disintió, acompañada por el juez Neil Gorsuch.
Bayer busca cerrar miles de demandas
La resolución fue recibida por Bayer como una victoria legal de alto peso. La empresa compró Monsanto en 2018 y con ello heredó una larga cadena de litigios por Roundup.
De acuerdo con Reuters, tras el fallo la compañía busca convencer a un juez federal en San Francisco de cerrar casi 4 mil demandas federales consolidadas que alegan que Roundup causa cáncer. Bayer sostiene que, si la Suprema Corte bloqueó los reclamos por falta de advertencia, el núcleo de esos litigios queda debilitado.
Sin embargo, los abogados de los demandantes argumentan que la sentencia es más limitada y que todavía podrían seguir otros reclamos, como los relacionados con diseño del producto, negligencia u otros daños. Además, Bayer mantiene un acuerdo propuesto por 7 mil 250 millones de dólares para resolver más de 60 mil reclamos estatales, el cual todavía debe ser revisado por un juez en Missouri.
EPA e IARC mantienen posturas distintas
El debate científico no terminó con la sentencia. La EPA mantiene que no ha encontrado evidencia de que el glifosato cause cáncer en humanos y que, con base en sus evaluaciones, no es probable que sea carcinogénico cuando se usa conforme a la etiqueta.
En contraste, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, IARC, organismo vinculado a la Organización Mundial de la Salud, clasificó en 2015 al glifosato como “probablemente carcinogénico para humanos”, dentro del Grupo 2A, con base en evidencia limitada en humanos, suficiente en animales de laboratorio y fuerte evidencia de genotoxicidad.
Ahí está el corazón del debate. Para la EPA, el glifosato no requiere una advertencia de cáncer en la etiqueta aprobada. Para la IARC, existe evidencia suficiente para mantenerlo dentro de una categoría de riesgo probable. Son dos lecturas distintas, con métodos distintos, que durante años han alimentado la discusión entre empresas, agricultores, científicos, ambientalistas, abogados y autoridades sanitarias.
Qué significa para el campo
Para el sector primario, el tema no es menor. El glifosato se usa desde hace décadas para controlar malezas en cultivos, caminos agrícolas, áreas industriales y sistemas de producción extensiva. Quienes defienden su uso argumentan que ayuda a mantener productividad, reducir costos y facilitar prácticas como la siembra directa.
Del otro lado, quienes lo cuestionan señalan posibles riesgos para la salud, la biodiversidad, el agua, el suelo y los trabajadores expuestos.
En México, la discusión también ha sido intensa. El Gobierno de México había previsto avanzar hacia la eliminación del glifosato, pero en marzo de 2024 pospuso la prohibición total al reconocer que no se habían concretado las condiciones para sustituirlo sin afectar la producción agrícola. Las autoridades señalaron entonces que debía prevalecer la seguridad agroalimentaria mientras se buscaban alternativas de amplio espectro, baja toxicidad, disponibilidad suficiente y costo accesible para los productores.
El fallo estadounidense no cambia automáticamente la regulación mexicana, pero sí manda una señal al mercado internacional de agroquímicos: en Estados Unidos, mientras la EPA mantenga aprobada una etiqueta sin advertencia de cáncer, las demandas estatales por no incluir esa advertencia tendrán menos camino legal.
Para los productores mexicanos, la lectura debe ser sobria. No es correcto afirmar que la Corte demostró que el glifosato no hace daño, porque esa no fue la materia del fallo. Pero tampoco puede ignorarse que la decisión fortalece la protección legal de las etiquetas aprobadas por autoridades federales en Estados Unidos.
El sector primario necesita información clara. En cultivos donde se usa glifosato, la aplicación debe respetar dosis, equipo de protección, etiqueta autorizada, tiempos de aplicación, condiciones climáticas y manejo responsable. En paralelo, México tendrá que seguir evaluando alternativas viables: mecánicas, biológicas, agroecológicas o químicas de menor riesgo, sin poner en jaque la producción ni cargarle al productor costos imposibles.
La sentencia deja una lección para el campo mexicano: la discusión sobre agroquímicos ya no se resuelve solamente en la parcela. También se pelea en tribunales, etiquetas, tratados comerciales, agencias regulatorias y opinión pública.
- Ejidatarios acusan irregularidades durante la diligencia de ejecución de sentencia realizada el 26 de marzo.
- La defensa del núcleo agrario señala que no se acreditó debidamente la personalidad jurídica de la parte interesada ni se contaba con trabajos técnicos suficientes.
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HUEHUETOCA, EDOMEX. Integrantes del Ejido Huehuetoca, ubicado en el Estado de México, obtuvieron un amparo indirecto ante lo que señalan como un intento de despojo de 65.7 hectáreas, luego de que se ordenara una ejecución de sentencia relacionada con el expediente agrario 810/2011.
La solicitud de Amparo Indirecto fue interpuesta el 6 de abril ante el Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito por parte del Comisariado Ejidal de Huehuetoca, con el impulso de la Comisión de Ejidatarios, integrada por Juan Velázquez Hernández, Andrés Colín Reyes, Juan Hernández Velasco, Juan Garfias Godínez, Benjamín Feregrino Morales y José Luis Orozco Alonso.
De acuerdo con la demanda, la acción legal responde a la decisión de la magistrada Ana Lilia Olvera, quien ordenó una ejecución de sentencia el pasado 26 de marzo, dentro de un proceso que los ejidatarios consideran irregular y que, aseguran, pone en riesgo una superficie de 65.7 hectáreas pertenecientes al núcleo ejidal.
Señalan irregularidades en la diligencia
En el documento legal se expone que, durante la ejecución de sentencia, la magistrada habría dado instrucciones al actuario Juan Bernardo Esquivel mediante una llamada telefónica para tener por acreditada la personalidad del tercero interesado, Santander S.P.R. de R.L. de C.V.
Sin embargo, los ejidatarios señalan que únicamente comparecieron dos personas que dijeron ser apoderadas legales de dicha sociedad, sin acreditar su representación con documento fehaciente, situación que fue incluida como parte de los argumentos de la demanda de amparo.
Asimismo, la defensa del ejido refiere que durante la diligencia se presentaron diversas irregularidades técnicas. Entre ellas, menciona que el perito en materia de topografía, Venancio Francisco Aguirre, habría incurrido en falta de trabajos técnicos necesarios para realizar la ejecución, conforme a la documentación remitida por el Registro Agrario Nacional y a lo reconocido en la sentencia del 27 de enero de 2021.
De acuerdo con la demanda, el perito tampoco contaba con el plano topográfico y el cuadro de construcción correspondiente, elementos considerados indispensables para precisar los puntos de referencia sobre los cuales debía materializarse la ejecución.
Un proceso agrario iniciado desde 2011
El caso tiene su origen el 7 de noviembre de 2011, cuando Santander interpuso una demanda contra el núcleo de población ejidal de Huehuetoca ante el Tribunal Unitario Agrario. Desde entonces, el expediente ha avanzado por distintas etapas hasta llegar a la orden de ejecución de sentencia relacionada con el expediente 810/2011.
La demanda también señala que, en una primera instancia, la diligencia no se llevó a cabo, debido a que la magistrada la suspendió el 3 de julio de 2025, con el objetivo de que el Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito, con sede en Tlalnepantla, Estado de México, realizara gestiones para calificar eficazmente la sentencia emitida en enero de 2021.
Como parte de esas gestiones, se habría girado un oficio al Archivo General Agrario para solicitar copia certificada de la carpeta básica del Ejido Huehuetoca. Dicha documentación debía contener el expediente de ejecución de la resolución de dotación, así como las ampliaciones de dotación del ejido, incluyendo carteras de campo, planillas de cálculo y cuadros de construcción.
No obstante, de acuerdo con lo expuesto por los ejidatarios, se presume que dicha documentación no fue integrada de manera completa antes de continuar con la ejecución.
Cuestionan designación de perito
Otro de los puntos señalados en la demanda es la designación del perito topógrafo. Según el documento, ante la imposibilidad de que la UNAM y el IPN designaran a un especialista para apoyar institucionalmente los trabajos técnicos, el Tribunal Unitario Agrario nombró el 4 de febrero de 2026 al ingeniero Venancio Francisco Aguirre.
La defensa ejidal indica que dicho perito trabaja para la Procuraduría Agraria, situación que, de acuerdo con los integrantes del ejido, genera dudas sobre la imparcialidad del procedimiento, particularmente porque acusan que la ejecución se pretendía realizar con el aval de la Representación de la Procuraduría Agraria en el Estado de México.
Ejidatarios mantienen defensa legal
La Comisión de Ejidatarios de Huehuetoca ratificó su compromiso de representar con honestidad los intereses del núcleo agrario y de acudir a las instancias legales necesarias para defender lo que consideran su legítimo derecho sobre ese territorio.
Los ejidatarios señalaron que continuarán dando seguimiento al proceso para evitar cualquier afectación al patrimonio colectivo del ejido y exigir que cualquier actuación judicial o agraria se realice con apego a la legalidad, con documentación técnica suficiente y con pleno respeto a los derechos de las familias ejidatarias.
- Los trámites del programa son personales, gratuitos y no requieren intermediarios.
- La SADER detectó mensajes fraudulentos enviados por WhatsApp desde números no institucionales.
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CIUDAD DE MÉXICO. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) hizo un llamado a las y los productores del país a no proporcionar datos personales, documentos ni realizar pagos a presuntos gestores del programa Fertilizantes para el Bienestar, luego de detectar intentos de fraude y suplantación de identidad.
De acuerdo con la dependencia federal, los trámites relacionados con este programa estratégico del Gobierno de México deben realizarse directamente en las Oficinas de Representación de SADER, así como en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) y los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) ubicados en los 32 estados del país.
La advertencia se emitió después de recibir reportes sobre intentos de fraude y suplantación de identidad a través del número 56 5490 6967 de WhatsApp, utilizado por personas ajenas a la Secretaría para contactar a productoras y productores beneficiarios.
En estos mensajes, los presuntos defraudadores emplean nombres de servidoras y servidores públicos, cargos oficiales y logotipos de SADER en sus fotos de perfil, además de presentarse como una supuesta línea de atención o personal autorizado del Gobierno de México para dar seguimiento a trámites del programa.
La dependencia aclaró que ninguna servidora ni servidor público de SADER, ni de otro organismo relacionado, solicita pagos, depósitos o gestiones oficiales a través de números de WhatsApp no institucionales.
Trámites gratuitos y sin gestores
Para facilitar el acceso a la información y asegurar una atención transparente, las y los productores pueden ingresar al portal oficial del programa Fertilizantes para el Bienestar, donde podrán verificar su pertenencia al padrón de beneficiarios y conocer la ubicación del Centro de Distribución (CEDA) correspondiente a su domicilio.
Una vez publicada la convocatoria en su localidad, las personas interesadas cuentan con un periodo de hasta 120 días naturales para acudir con una identificación oficial vigente y recibir su insumo.
La SADER reiteró que el programa no requiere intermediarios, por lo que pidió a las y los productores desconfiar de personas que ofrezcan agilizar trámites, solicitar documentos por mensajería privada o pedir depósitos a cambio del fertilizante.
Canales oficiales de atención
En caso de requerir orientación personalizada, reportar alguna situación o dar seguimiento directo a su trámite, las y los productores pueden comunicarse al teléfono 55 3871 1000, en las extensiones 33320 y 33337.
También pueden consultar las redes sociales oficiales de la Secretaría: Facebook: AgriculturaMex, X: @Agricultura_mex e Instagram: @agricultura_gob.
Para 2026, la SADER tiene como meta entregar más de un millón de toneladas de fertilizantes a 2.1 millones de productoras y productores, principalmente de pequeña y mediana escala, con una cobertura estimada de 3.5 millones de hectáreas de cultivos estratégicos en el país.
La dependencia federal insistió en que la mejor forma de evitar fraudes es acudir directamente a las oficinas oficiales, verificar la información en canales institucionales y no compartir datos personales con supuestos gestores.
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