Agricultura
VELAGRO pone a prueba la formalización del campo exportador mexicano
• El nuevo esquema obligará a exportadores y proveedores a comprobar el cumplimiento laboral en toda la cadena agrícola.
• Pequeños productores podrían avanzar hacia la formalización, pero también enfrentar el riesgo de quedar fuera si no reciben acompañamiento.
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CIUDAD DE MÉXICO. La entrada en operación del Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA) y de la plataforma VELAGRO abre una nueva etapa para el campo mexicano: la exportación agrícola ya no sólo será medida por volumen, calidad, inocuidad o sanidad, sino también por la capacidad de demostrar que detrás de cada embarque existe una cadena laboral formal, trazable y con seguridad social.
La medida, impulsada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), busca combatir la informalidad laboral en el sector agrícola y garantizar que jornaleros, cortadores, empacadores y trabajadores del campo cuenten con derechos laborales y acceso a seguridad social.
Sin embargo, su implementación también abre una pregunta central para miles de pequeños productores: si el nuevo sistema será una ruta de inclusión hacia la formalidad o un filtro que sólo podrán cumplir las grandes empresas agroexportadoras.
La trazabilidad laboral llega a la agroexportación
El CLA no se limita al exportador final. El nuevo esquema alcanza a productores primarios, centros de corte, empaques, intermediarios, prestadores de servicios agrícolas y demás participantes de la cadena de valor.
En términos prácticos, una empresa exportadora de aguacate, berries, jitomate, espárrago u otro producto agrícola no podrá limitarse a demostrar que cumple con sus obligaciones laborales; también deberá revisar que sus proveedores y operadores vinculados al proceso productivo estén en regla.
Ahí se encuentra uno de los puntos más delicados para el campo mexicano. Buena parte de la agroexportación se sostiene en cadenas mixtas donde conviven grandes empresas, pequeños productores, arrendadores de huertas, cuadrillas temporales, contratistas de corte, empaques regionales y comercializadores.
Muchos de estos actores participan de manera indirecta en mercados internacionales, aunque no siempre cuentan con estructura administrativa, asesoría fiscal, personal jurídico o capacidad para documentar cada etapa de su operación.
El reto para los pequeños productores
Para un gran empaque o una empresa exportadora consolidada, el cumplimiento puede implicar ajustes administrativos, auditorías internas y coordinación con proveedores.
Para un pequeño productor, en cambio, puede significar entrar a un mundo de trámites que hasta ahora no formaba parte de su operación cotidiana: registro patronal, documentación de trabajadores, altas ante el IMSS, comprobantes de pago, contratos, listas de personal por temporada, facturación ordenada y trazabilidad de las toneladas entregadas.
El reto no es menor. La informalidad laboral en el campo no es un problema nuevo ni aislado. Durante décadas, miles de jornaleros agrícolas han trabajado bajo esquemas temporales, pagos por día, por tarea o por destajo, sin una relación laboral plenamente documentada.
En muchos casos, los trabajadores migran de una región a otra siguiendo las temporadas de cosecha, lo que dificulta su registro continuo y la supervisión de sus condiciones laborales.
Qué busca VELAGRO
VELAGRO pretende ordenar esa realidad mediante un sistema digital que conecte el cumplimiento laboral con la operación de exportación.
La lógica es que cada volumen exportado pueda relacionarse con la mano de obra necesaria para producirlo, cortarlo, empacarlo y movilizarlo. Para ello se utilizará el llamado factor técnico, una unidad de referencia que permitirá contrastar la cantidad de producto con la mano de obra mínima requerida en cada fase de la cadena.
En palabras sencillas: si una empresa declara miles de toneladas para exportación, la autoridad podrá revisar si existe una plantilla laboral registrada que haga razonable ese volumen.
Si no hay trabajadores formales suficientes, si los proveedores no tienen registro patronal o si la cadena laboral no es verificable, el certificado podría convertirse en un foco rojo.
Formalizar sin excluir
La medida busca cerrar espacios a la simulación. Durante años, una parte de la agroexportación mexicana ha podido cumplir con altos estándares comerciales hacia el exterior mientras mantiene zonas grises en la contratación de trabajadores.
El CLA busca que la competitividad no descanse en salarios precarios, evasión de cuotas, subcontratación irregular o falta de seguridad social.
Pero la justicia laboral también debe cuidar la viabilidad productiva. En el campo mexicano hay productores pequeños que no exportan directamente, pero venden a intermediarios o empaques que sí colocan producto en mercados internacionales.
Si esos productores no reciben acompañamiento, capacitación y facilidades administrativas, podrían quedar fuera de la cadena exportadora, no por falta de calidad en su producto, sino por no poder cumplir con los nuevos requisitos documentales.
Este riesgo es especialmente importante en regiones de alto valor agroexportador. En Michoacán, el aguacate depende de miles de huertas de distintos tamaños. En Jalisco, Baja California, Guanajuato, Sinaloa y otras entidades, las berries, hortalizas y productos frescos tienen cadenas donde participan empresas tecnificadas, pero también pequeños y medianos productores que entregan producción bajo contratos, esquemas de acopio o acuerdos comerciales de temporada.
Exportadores deberán mirar hacia atrás en su cadena
El nuevo sistema obligará a los empaques y exportadores a mirar hacia atrás en su cadena productiva.
Ya no bastará con comprar producto y prepararlo para exportación. Tendrán que saber de dónde viene, quién lo cosechó, bajo qué condiciones laborales, con qué trabajadores, bajo qué patrón y con qué registro de seguridad social.
La trazabilidad laboral se sumará a la trazabilidad sanitaria y comercial.
Para los pequeños productores, esto puede tener dos consecuencias. La primera, positiva: abrir la puerta a la formalización, al acceso de sus trabajadores al IMSS y a relaciones comerciales más ordenadas con compradores formales.
La segunda, negativa: que los compradores prefieran trabajar únicamente con proveedores grandes o plenamente administrados, dejando fuera a productores que no logren adaptarse a tiempo.
La etapa piloto será decisiva
Por ello, la etapa piloto será clave. Este periodo debe servir para identificar fallas reales de operación, ajustar factores técnicos, simplificar trámites y evitar que el nuevo certificado se convierta en una carga desproporcionada.
No se trata sólo de exigir cumplimiento, sino de construir condiciones para que el productor pueda cumplir.
La STPS tendrá que explicar con claridad qué documentos se pedirán, cómo se validará la información y qué responsabilidades tendrá cada eslabón de la cadena.
El IMSS deberá facilitar mecanismos de incorporación para trabajadores eventuales del campo, considerando la movilidad laboral y los ciclos agrícolas.
SADER también tendrá que participar para que la medida no se diseñe desde una lógica exclusivamente administrativa, sino con conocimiento de la realidad productiva de cada cultivo.
Qué deben revisar los productores
En el corto plazo, los productores que vendan a cadenas de exportación deberán comenzar con una revisión básica de su situación administrativa y laboral.
Entre los puntos clave se encuentran: RFC activo, e.firma, registro patronal, documentación de trabajadores, comprobantes de pago, contratos o acuerdos laborales, facturación de venta de producto, bitácoras de cosecha y relación clara con el empaque o comprador.
Quienes no tengan esta información ordenada podrían enfrentar problemas cuando el sistema avance de la fase piloto hacia una aplicación obligatoria.
Los empaques, por su parte, deberán construir expedientes de proveedores. No será suficiente conocer al productor por años o comprarle por confianza. La nueva lógica exigirá evidencia.
Cada proveedor deberá poder acreditar quién produce, quién corta, quién empaca, quién transporta y bajo qué condiciones laborales se realizó cada etapa.
Competitividad con responsabilidad social
El tema también tendrá impacto comercial. Los compradores internacionales, especialmente en Estados Unidos y Canadá, demandan cada vez más pruebas de responsabilidad social, sustentabilidad y cumplimiento laboral.
Un certificado bien implementado podría fortalecer la imagen del producto mexicano y reducir riesgos de controversias bajo el T-MEC.
Pero si se aplica sin sensibilidad productiva, podría concentrar aún más el mercado en manos de empresas grandes.
La gran duda es si VELAGRO será una plataforma de inclusión o un nuevo cuello de botella. Para que funcione, debe reconocer que no todos los actores de la cadena tienen la misma capacidad económica, tecnológica o administrativa.
Un productor de pocas hectáreas no puede ser tratado igual que una empresa exportadora integrada verticalmente.
El CLA puede convertirse en una oportunidad histórica para dignificar el trabajo jornalero y ordenar la agroexportación mexicana. Pero su éxito dependerá de que la formalización no sea sólo una obligación en papel, sino una transición acompañada, gradual y viable.
El campo mexicano necesita trabajadores con derechos, productores con certidumbre y exportadores con reglas claras.
Si esos tres elementos se logran equilibrar, VELAGRO puede ser más que un trámite: puede convertirse en una herramienta para demostrar que la fuerza exportadora de México también puede sostenerse en justicia laboral.
De lo contrario, el riesgo será que el certificado termine separando al campo en dos: quienes tienen estructura para cumplir y quienes, aun produciendo con calidad, podrían quedar fuera de los mercados por no tener capacidad administrativa para demostrarlo.
- SADER informó que Producción para el Bienestar apoya a 73 mil 813 productores de Michoacán, con una inversión superior a 620 millones de pesos.
- Sembrando Vida tiene presencia en 54 municipios del estado y proyecta una inversión superior a mil millones de pesos para el cierre de 2026.
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MORELIA, MICH.- En el marco de la presentación de avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) presentó un balance de los apoyos directos destinados a fortalecer la soberanía alimentaria, la productividad y el bienestar de las familias rurales en la entidad.
La titular de la SADER, Columba Jazmín López Gutiérrez, destacó que la política agrícola nacional busca llegar de manera directa a las regiones productivas, con prioridad en el desarrollo sustentable, el fortalecimiento de cultivos locales y el acompañamiento a pequeñas y medianas unidades de producción.
Señaló que en Michoacán se trabaja de la mano con productoras y productores en cultivos estratégicos como limón, mango, caña de azúcar, aguacate y berries, sectores de alto valor económico y social para el estado.
Apoyos directos al campo michoacano
Acompañada del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, López Gutiérrez detalló el alcance de los programas prioritarios que operan en el campo y las costas de Michoacán.
A través de Producción para el Bienestar, se apoya de manera directa a 73 mil 813 productores, con una superficie de 268 mil 457 hectáreas y una inversión de 620 millones 355 mil pesos.
Este año, el programa incorporó a mil 700 productoras y productores de caña de azúcar, con una inversión superior a 12 millones 154 mil pesos.
En el caso de Fertilizantes para el Bienestar, la dependencia informó que 72 mil 463 derechohabientes recibieron insumos gratuitos para atender 130 mil 576 hectáreas, con una inversión de 534 millones 658 mil pesos.
Comercio justo y apoyo a pescadores
Para fortalecer la economía de las comunidades rurales y costeras, el programa de Comercio Justo destinó incentivos por 429 millones 795 mil pesos, orientados a garantizar mejores condiciones de comercialización para granos básicos.
En el sector pesquero, mediante Bienpesca, se canalizaron más de 42.7 millones de pesos en beneficio de 5 mil 750 pescadoras y pescadores.
La SADER destacó que estos programas forman parte de una estrategia integral para respaldar a quienes producen alimentos, generan empleo y sostienen la economía rural de Michoacán.
Cosechando Soberanía impulsa cadenas de valor
López Gutiérrez expuso que la estrategia Cosechando Soberanía ha otorgado apoyos y créditos financieros para detonar cadenas de valor en productos estratégicos de la región.
Entre los cultivos y productos atendidos se encuentran limón, mango, caña de azúcar, aguacate, fresa, zarzamora, arándano, frambuesa, grosella, toronja, lima y miel.
El objetivo es que las productoras y productores no sólo fortalezcan la producción primaria, sino que puedan avanzar hacia procesos de valor agregado, transformación y mejor comercialización.
Sembrando Vida amplía presencia en Michoacán
Respecto a Sembrando Vida, la secretaria federal informó que el programa tiene presencia en 54 de los 113 municipios del estado.
De abril de 2025 a la fecha se incorporaron 7 mil 930 derechohabientes, con lo que actualmente se tiene un padrón total de 20 mil 809 personas beneficiarias en Michoacán.
Para el cierre de 2026, se proyecta una inversión superior a mil millones de pesos, integrada por 184.3 millones de pesos pagados en mayo de 2026 y 939.5 millones de pesos programados para el resto del año.
Además, se han construido 15 jagüeyes y obras de almacenamiento de agua, realizado 27 reforzamientos de viveros y biofábricas comunitarias, establecido 291 terrazas para conservación de suelo y agua, instalado nueve parcelas de aprendizaje agroecológico y creado tres unidades de transformación, enfocadas principalmente en dar valor agregado al mango.
En conjunto, estos proyectos representan una inversión de 42.5 millones de pesos.
Tecnificación del riego y recuperación de agua
El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó avances en los trabajos de tecnificación del Distrito de Riego Morelia-Queréndaro, donde concluyeron las primeras mil 300 hectáreas intervenidas.
Estas acciones permitirán recuperar 3.6 millones de metros cúbicos de agua, lo que representa un avance importante para mejorar el uso eficiente del recurso hídrico en la producción agrícola.
También se reportaron trabajos en los distritos de riego de Lázaro Cárdenas y José María Morelos, con beneficios para productoras, productores y habitantes de municipios como Lázaro Cárdenas, Zamora, Múgica, La Huacana, Pátzcuaro, Apatzingán y Tomatlán.
Buscan proteger actividades productivas
En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que las labores coordinadas se han enfocado en fortalecer la protección directa de las actividades productivas.
Indicó que estas acciones buscan brindar mayor certeza a productoras y productores de aguacate y limón, así como a empacadores, comerciantes y empresarios vinculados con estas cadenas estratégicas.
Con estos avances, Michoacán se mantiene como una entidad clave para la producción agroalimentaria nacional, con programas orientados a fortalecer la productividad, mejorar el uso del agua, respaldar a las familias rurales y proteger las cadenas productivas del estado.
- Ulises Mejía Haro afirmó que la soberanía alimentaria debe fortalecer la producción nacional, respaldar a productores y generar bienestar desde el campo.
- El morenista planteó avanzar hacia la industrialización agroalimentaria para que productos como frijol y maíz generen mayor valor agregado en Zacatecas.
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CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, ZAC.- Durante una asamblea informativa realizada en este municipio, Ulises Mejía Haro afirmó que la soberanía alimentaria debe ser uno de los ejes estratégicos para fortalecer al campo mexicano, al permitir que el país produzca los alimentos que consume, respalde a sus productores y genere bienestar en las comunidades rurales.
Al encabezar la conformación de un nuevo comité, el morenista señaló que el campo debe ser visto como un sector estratégico para el desarrollo nacional, no sólo por su capacidad de abastecer de alimentos a la población, sino también por su potencial para generar empleo, impulsar la agroindustria y fortalecer las economías regionales.
“La soberanía alimentaria significa que México tenga la capacidad de producir los alimentos esenciales para su población, apoyando a quienes trabajan la tierra, fortaleciendo las cadenas productivas y agregando valor a lo que se produce en el campo. Un país que produce sus alimentos es un país más fuerte, más resiliente y con mayor bienestar para su gente”, expresó.
Plantea avanzar hacia la agroindustria
Mejía Haro señaló que uno de los principales retos para el campo es dejar de vender únicamente materias primas y avanzar hacia la industrialización agroalimentaria, con el fin de que productos como el frijol, el maíz y otros cultivos generen mayor valor agregado.
Explicó que este proceso permitiría mejorar los ingresos de las y los productores, abrir nuevas oportunidades de desarrollo y fortalecer la economía de las comunidades rurales.
En el caso de Zacatecas, consideró que la entidad puede desempeñar un papel importante dentro de esta estrategia, debido a su vocación agropecuaria y a la relevancia de sus productores en cultivos básicos.
Para ello, dijo, es necesario impulsar desde lo local infraestructura, tecnificación, financiamiento, innovación y mejores esquemas de comercialización, que permitan fortalecer la autosuficiencia alimentaria y mejorar las condiciones del sector.
Producción nacional y apertura comercial
Ulises Mejía subrayó que fortalecer la producción nacional no significa cerrar la economía mexicana, sino construir una relación más equilibrada entre el mercado interno y la apertura comercial.
En ese sentido, recordó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) brinda certidumbre para la inversión, el crecimiento económico y el desarrollo compartido, siempre bajo una relación de cooperación, respeto entre naciones y defensa de la soberanía nacional.
Finalmente, reiteró que continuará recorriendo el territorio zacatecano para promover la organización ciudadana y consolidar nuevos comités en diferentes municipios.
“Defender la soberanía alimentaria es defender la capacidad de México para decidir su propio destino, garantizar alimentos para las familias y construir un campo más fuerte, más justo y con mayores oportunidades para todos”, concluyó.
- Productores, empacadoras y exportadores deberán preparar expedientes laborales, fiscales y administrativos para cumplir con VELAGRO y el Certificado Laboral para la Agroexportación.
- El nuevo esquema podría fortalecer la formalización del campo, pero también representa un reto para pequeños productores si no cuentan con capacitación y acompañamiento.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La llegada de VELAGRO y del Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA) abre una nueva etapa para el campo mexicano: antes de que el requisito sea plenamente obligatorio, productores, empacadoras y exportadores deberán comenzar a ordenar su documentación laboral, fiscal y administrativa.
Aunque el nuevo esquema tendrá una aplicación gradual mediante programas piloto de 12 meses por producto agrícola, el mensaje para el sector es claro: la agroexportación ya no sólo dependerá de la calidad, sanidad, inocuidad o volumen del producto, sino también de la capacidad para comprobar que la cadena productiva cumple con obligaciones laborales y de seguridad social.
El CLA será emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de la plataforma VELAGRO, y estará dirigido a las personas físicas o morales que participen en la cadena de valor de productos agrícolas destinados a la exportación.
El expediente laboral será clave
Uno de los cambios más importantes será la construcción de expedientes laborales y de proveedores. Esto significa que las empresas exportadoras y empacadoras deberán contar con información clara sobre quién produjo, quién cortó, quién empacó, quién transportó y bajo qué condiciones laborales se realizó cada etapa.
El cumplimiento ya no se limitará al exportador final. También podrá involucrar a productores primarios, centros de empaque, empresas de corte y cosecha, intermediarios, cuadrillas, prestadores de servicios agrícolas y otros actores esenciales para colocar el producto en mercados internacionales.
En la práctica, esto obligará a documentar mejor la cadena completa. La confianza comercial seguirá siendo importante, pero ahora deberá estar respaldada por evidencia verificable.
¿Qué deben empezar a preparar los productores?
Para pequeños y medianos productores, el reto principal será pasar de una operación basada en la costumbre y la relación comercial directa, a una operación con mayor respaldo documental.
Entre los documentos y registros que deberán comenzar a revisar se encuentran: RFC activo, e.firma vigente, registro patronal, altas de trabajadores, comprobantes de pago, contratos, listas de jornaleros, facturación ordenada, datos de cuadrillas y relación clara con compradores, empaques o intermediarios.
Muchos productores no exportan directamente, pero su cosecha puede terminar en una caja de exportación después de pasar por un centro de acopio, una empacadora o una comercializadora. Por eso, aunque no realicen trámites aduaneros, podrían formar parte de la cadena que deberá documentarse.
Empacadoras tendrán que mirar hacia atrás
Las empacadoras y exportadores serán piezas centrales en la aplicación del CLA, ya que deberán revisar no sólo su propia documentación, sino también la de quienes participan en su red de proveeduría.
Esto implica construir expedientes con información fiscal, registros patronales, datos de productores, centros de corte, cuadrillas, prestadores de servicios, volúmenes recibidos, procesos de empaque y documentación relacionada con seguridad social.
El cambio puede modificar la relación entre productores y compradores. Los empaques podrían solicitar más documentos, comprobantes laborales y evidencia de cumplimiento antes de recibir producto destinado a exportación.
Por ello, quienes comiencen a prepararse desde la etapa piloto tendrán mayor margen para corregir, capacitar a sus proveedores y evitar contratiempos cuando el certificado sea exigible para productos específicos.
Riesgo para pequeños productores
El nuevo esquema también plantea un riesgo: que los productores con menor capacidad administrativa queden fuera de cadenas de alto valor, no por falta de calidad, sino por falta de documentación.
Si las empacadoras o exportadores deciden trabajar únicamente con proveedores que ya tienen expedientes completos, podría aumentar la exclusión de pequeños productores. En cambio, si se les acompaña con capacitación y orientación, VELAGRO puede convertirse en una oportunidad para formalizar el campo sin romper las cadenas productivas.
La diferencia estará en cómo se implemente el proceso. El campo requiere reglas claras, asesoría regional, trámites accesibles y acompañamiento técnico, especialmente en zonas donde predominan productores pequeños, contratación temporal y trabajo por temporada.
Jornaleros y cuadrillas deberán quedar registrados
Otro punto clave será la documentación de la mano de obra. En muchas regiones agrícolas, los trabajadores participan por cosecha, por corte, por tarea o mediante cuadrillas que se trasladan entre distintos cultivos y estados.
VELAGRO busca que esa mano de obra deje de ser invisible dentro del expediente de exportación. Para cumplir con el CLA, las cadenas agrícolas deberán demostrar que cuentan con trabajo formal, seguridad social y cumplimiento laboral.
Esto puede representar una oportunidad para que más jornaleros accedan a servicios médicos, protección ante riesgos de trabajo y mayor certeza sobre su relación laboral. Sin embargo, el sistema deberá reconocer la realidad del campo, donde la temporalidad y movilidad laboral son parte de la operación diaria.
Cultivos que podrían enfrentar mayor presión
Aunque la aplicación será gradual y dependerá de los acuerdos específicos para cada producto, las cadenas con mayor demanda de mano de obra y mayor peso en la exportación podrían estar entre las primeras bajo observación.
Entre ellas destacan aguacate, berries, jitomate, espárrago y hortalizas frescas, debido a que involucran procesos intensivos de corte, selección, empaque y transporte.
En estos cultivos será necesario que los factores técnicos reconozcan las diferencias entre regiones, sistemas de producción, niveles de tecnificación y formas de contratación. No es lo mismo producir en invernadero que en campo abierto, ni operar con personal fijo que con cuadrillas temporales.
Prepararse antes de la obligación
La etapa piloto debe verse como un periodo de preparación, no como un trámite lejano. Productores, empacadoras y exportadores pueden comenzar desde ahora a mapear su cadena, identificar proveedores, revisar registros laborales, actualizar expedientes y capacitar a su personal administrativo.
La agroexportación mexicana ya compite por calidad y volumen en los mercados internacionales. Con VELAGRO, también deberá competir por cumplimiento laboral y responsabilidad social.
El reto será lograr que el nuevo certificado ayude a ordenar el campo sin convertirse en una barrera burocrática. Si se implementa con claridad y acompañamiento, puede fortalecer las cadenas agroexportadoras; si se aplica sin sensibilidad productiva, podría excluir a quienes menos herramientas tienen para cumplir.
En esta nueva etapa, exportar no sólo significará demostrar que el producto cumple con los estándares del mercado, sino también que detrás de cada cosecha existe una cadena laboral documentada, formal y verificable.
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