• Campesinos de varios estados se reunieron con Conagua en Zacatecas.
• Señalan corrupción, rezago institucional y falta de coordinación entre dependencias.
• Destacan que lograron 500 modificaciones al proyecto original de reforma.

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COLABORADORA// LUCÍA DINORAH BAÑUELOS

ZACATECAS, ZACATECAS. Productores agrícolas de distintos estados del país se reunieron con representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para aclarar dudas sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y su impacto en el sector.

Durante más de tres horas, los campesinos realizaron cuestionamientos y expusieron inquietudes que buscan sean consideradas en la redacción del Reglamento de la nueva Ley General de Aguas, prevista para el 19 de febrero.

La reunión fue convocada por el Grupo de Productores de Zacatecas, organización que encabezó el movimiento nacional que evitó la aprobación de la reforma sin consultar al sector y que logró la inclusión de 500 modificaciones al documento original.

En un Teatro Calderón con lleno total, productores de Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas denunciaron corrupción, rezago institucional, burocracia excesiva, desinformación, coyotaje y falta de atención al campesinado.

Entre las principales preocupaciones destacaron los límites de agua establecidos por la ley, que contemplan 6 mil metros cúbicos, volumen que, señalaron, resulta insuficiente para algunos cultivos, especialmente para quienes manejan doble ciclo agrícola.

También manifestaron incertidumbre sobre el futuro de sus concesiones de agua, los procesos de sucesión en predios agrícolas, la situación de pozos en comodato y los mecanismos de medición y supervisión del recurso hídrico.

Los productores denunciaron además la complejidad de los trámites para regularizar documentos, señalando que cualquier inconsistencia entre contratos eléctricos, concesiones y programas federales puede dejar sin apoyo a los agricultores.

Aunque reconocieron la disposición de Conagua y SADER para responder cuestionamientos, criticaron la ausencia de otras dependencias clave como la Comisión Federal de Electricidad, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional.

Representantes de Conagua explicaron que la supervisión de medidores será responsabilidad del propio organismo y señalaron que se eliminarán las transferencias de derechos, sustituyéndolas por esquemas de reasignación, aunque insistieron en que cada caso deberá analizarse de forma individual.

Durante el encuentro, productores subrayaron que la movilización del sector fue fundamental para frenar una reforma que consideraban perjudicial y reiteraron que la unidad campesina será su principal herramienta para defender sus derechos.

En el evento participaron el delegado de Conagua en Zacatecas, Víctor Manuel Reyes Rodríguez; el director de la Unidad Académica de Agronomía de la UAZ, Juan José Castro Gallardo; el titular de SADER Zacatecas, Juan Antonio Rangel Trujillo, así como representantes legislativos y líderes productores.

La voz de la unidad campesina.
Karina López, integrante fundadora del Grupo de Productores de Zacatecas, agradeció el apoyo y respaldo de todos los campesinos del país en el movimiento nacional que paró una reforma desconocida por todos. Destacó la participación activa de las mujeres del campo en las movilizaciones: a las que estuvieron en los bloqueos, a las que llevaron comida y a las que se quedaron en casa resolviendo para que la vida del campo no parara. Al anunciar su participación, en butacas, más uno se acomodó para aguzar el oído y reconoció entres sus pares a la zacatecana «como la mera mera».

• Se priorizará el consumo humano y la producción agrícola.
• El acuerdo se basa en el Tratado de Aguas de 1944.
• Busca mayor planeación ante sequías y fortalecer la infraestructura hídrica.

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RÍO BRAVO, MÉXICO. En el marco del Tratado de Aguas de 1944, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron un plan técnico para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, ante el escenario de sequía extrema que afecta a la región.

El plan establece una ruta conforme a los mecanismos previstos en el Tratado y es resultado de un trabajo técnico y político bilateral, con respeto a la soberanía de ambos países, garantizando el derecho humano al agua y a la alimentación para las comunidades mexicanas.

México confirmó su disposición para garantizar la entrega de la cantidad mínima anual acordada entre ambas naciones, conforme a las condiciones hidrológicas de la cuenca, priorizando el abastecimiento para consumo humano y la producción agrícola.

El acuerdo permitirá fortalecer la gestión ordenada del recurso hídrico, además de avanzar en una planeación con mayor previsibilidad frente a los efectos de la sequía, incorporando infraestructura y acciones de adaptación a largo plazo.

El Gobierno de México reiteró su compromiso con el Tratado de Aguas de 1944 como instrumento para salvaguardar los intereses nacionales, así como la protección de las actividades productivas del campo mexicano.

• Participaron más de 50 productoras y productores de Ensenada y los valles de Guadalupe, San Quintín y Vizcaíno
• Se abordaron temas de sanidad, comercialización, infraestructura y escasez de agua
• Destacan la importancia del sector vitivinícola como generador de empleo y motor regional

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ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Julio Berdegué Sacristán, sostuvo un diálogo constructivo con productoras y productores vitivinícolas y hortofrutícolas de Baja California, con el objetivo de identificar rutas de atención en sanidad, comercialización e infraestructura, para impulsar el desarrollo de estos sectores a nivel nacional e internacional.

El encuentro se realizó en el Museo de la Vid y el Vino, en el municipio de Ensenada, con la participación de la titular de la SADER Baja California, Mónica Vargas Núñez; del presidente del Comité Provino, Francisco Rubio Cárdenas; así como de más de 50 personas dedicadas a la producción, transformación y comercialización.

Durante la reunión, productoras y productores de Ensenada y de los valles de Guadalupe, San Quintín y Vizcaíno expusieron problemáticas relacionadas con sanidad, justicia laboral y seguridad social, infraestructura carretera, escasez de agua, sustentabilidad, capacitación y transferencia tecnológica.

Las y los asistentes destacaron que el consumo de vino en México continúa en aumento y señalaron que, con mayor disponibilidad de agua mediante la tecnificación del riego, será posible ampliar la superficie de viñedos. Subrayaron que el sector vitivinícola es el segundo mayor generador de empleo, solo después de la industria hortícola, y que el Valle de Guadalupe concentra alrededor del 70 por ciento de la producción nacional de vino.

Al respecto, Berdegué Sacristán afirmó que “Baja California es estratégica para el desarrollo agroalimentario del país”, y señaló que el Gobierno de México mantiene la instrucción de escuchar de primera mano a las y los productores, construir soluciones conjuntas y fortalecer la sanidad, la infraestructura y la comercialización para hacer al campo más competitivo y sostenible. Agregó que, tras años sin inversión suficiente en infraestructura hídrica, se impulsarán cambios legales, inversión y tecnificación del riego para poner orden y garantizar el uso responsable del agua.

En materia agrícola, el titular de la SADER explicó que uno de los objetivos prioritarios es la tecnificación de 17 distritos de riego, entre ellos uno correspondiente a Baja California, para optimizar el uso del agua e incrementar la producción y productividad de alimentos.

Asimismo, destacó los esfuerzos para impulsar la tecnología en el sector agropecuario y avanzar en la simplificación de trámites administrativos en Senasica y Conapesca, con el fin de consolidar un gobierno más eficiente, menos burocrático y sin corrupción.

Por su parte, la secretaria de Agricultura de Baja California, Mónica Vargas, reiteró el respaldo del Gobierno del Estado al sector productivo, y puso a disposición de las y los productores los programas y servicios de la SADER B.C., destacando que la administración estatal trabaja de manera coordinada con la Federación para fortalecer la sanidad, impulsar la infraestructura y mejorar la competitividad del campo bajacaliforniano.

El diálogo refleja el compromiso de los gobiernos federal y estatal con el desarrollo del sector agroalimentario de Baja California, considerado clave para la economía regional. La colaboración entre productoras, productores, autoridades y organizaciones empresariales resulta fundamental para atender los retos que enfrentan los sectores vitivinícola y hortofrutícola.

En la reunión también participaron integrantes del Consejo Agrícola de Baja California y del Comité Provino Baja California, organismo que agrupa a 80 vinícolas distribuidas en siete valles vitivinícolas del estado.