Campesinos acusan “traición”

• Organizaciones campesinas denuncian falta de diálogo y recortes al presupuesto del sector.
• Importaciones de maíz superan ya el 70% del consumo nacional.
• El gasto federal prioriza programas sociales sobre la producción de alimentos.

Recibe las noticias más importantes del sector agroalimentario en tu Whats

CIUDAD DE MÉXICO.- Organizaciones campesinas, agrícolas y transportistas calificaron como una “traición” la aprobación de la Ley General de Aguas, recientemente avalada por el Congreso de la Unión. Acusaron que esta legislación perjudica directamente a los sectores productivos del campo y favorece intereses de grandes industrias, mientras el gobierno federal privilegia la importación de granos en lugar de fortalecer la producción nacional.

El Movimiento Agrícola Campesino, la Asociación Nacional de Transportistas y el Frente Nacional para el Rescate del Campo de México señalaron que, pese a solicitar diálogo directo con las autoridades, sus demandas fueron ignoradas. Afirmaron que la reforma busca cancelar derechos de uso de agua para agricultura, ganadería y agroindustria campesina, mientras beneficia a empresas cerveceras y refresqueras.

Representantes ejidales y comuneros denunciaron que la nueva Ley golpea especialmente a quienes poseen entre una y tres hectáreas, así como a agricultores con parcelas de 10 a 15 hectáreas de riego, afectando la producción de maíz, sorgo, trigo y avena.

Las organizaciones rechazaron el argumento gubernamental de que la reforma combate a “acaparadores de agua”, señalando que los verdaderos concentradores del recurso son grandes agroindustrias, no los pequeños productores del sur y sureste del país.

Además, recordaron que el presupuesto federal para el campo ha perdido 50% del valor real desde 2017, reduciendo la distribución de fertilizantes, agroquímicos, créditos y apoyo a precios de garantía. La creciente dependencia alimentaria también fue destacada: México importa 700 kg de maíz por cada tonelada que consume.

La nueva Ley obligará a los productores a invertir en sistemas de modernización sin que exista financiamiento oficial que lo respalde, tras la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo y el retiro del FIRA de actividades primarias.

Finalmente, denunciaron que el presupuesto agrícola actual —75 mil millones de pesos, menos del 1% del gasto público— contrasta con los 987 mil millones destinados a programas sociales, mostrando que el gobierno destina 12 veces más recursos al asistencialismo que al fomento productivo.