Acusan alteración de acta para despojo en Huehuetoca

• Ejidatarios denuncian irregularidades en ejecución de más de 65 hectáreas.
• Señalan posible falsificación de documento oficial para favorecer a empresa.

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HUEHUETOCA, ESTADO DE MÉXICO.– Más de mil ejidatarios denunciaron presuntas irregularidades en un proceso agrario que, aseguran, busca despojarlos de tierras históricas, luego de que se detectara la posible alteración de un acta circunstanciada durante una diligencia oficial.

De acuerdo con los afectados, el conflicto involucra al Tribunal Unitario Agrario Distrito 10 y a la Santander, a quienes acusan de actuar en conjunto para favorecer la adjudicación de más de 65 hectáreas del Ejido Huehuetoca.

Los ejidatarios explicaron que el pasado 26 de marzo de 2026 se realizó una orden de ejecución instruida por la magistrada Ana Lili Olvera Pérez. Durante la diligencia, señalaron que no estuvo presente ningún representante legal de la parte demandante, por lo que firmaron el acta bajo protesta.

Sin embargo, posteriormente, al revisar el documento oficial, el abogado de los ejidatarios detectó que en el acta se asentó la presencia de Benigno Pérez Lizaur, supuesto representante de la parte beneficiada, lo cual —afirman— es falso, ya que más de 300 ejidatarios presentes aseguran que nunca acudió al lugar.

Además, denunciaron que durante la diligencia, el actuario impidió tomar fotografías del acta, argumentando que no estaba permitido, lo que incrementó las sospechas sobre la legalidad del procedimiento.

Los inconformes sostienen que esta situación constituye un posible delito, al falsear información en un documento oficial, lo que podría derivar en un despojo ilegal de tierras que han pertenecido a sus familias por más de 100 años.

En una asamblea realizada el 19 de abril, los ejidatarios reiteraron de manera unánime que la persona mencionada en el acta no estuvo presente, reforzando su denuncia de irregularidades.

Finalmente, acusaron que existe un “juego sucio” entre autoridades agrarias y la empresa involucrada, y exigieron la revisión del caso, el respeto a sus derechos agrarios y la validación de la documentación que aseguran acreditar su propiedad.