• La vuelta de Donald Trump a la presidencia reaviva los ánimos por expulsar migrantes; salvo a aquellos que levantan las cosechas

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Colaboración: Francisco Barradas @tundetecla

NEW YORK.- Rubén Gallego es un caso ejemplar en este momento para describir qué tienen en mente la mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos respecto a los inmigrantes.

Hijo de una colombiana y un mexicano, Gallego, de 45 años, es miembro del partido Demócrata y apenas el 3 de enero pasado inició funciones como senador por Arizona. Ha estado en la escena política desde los 30 años. Ha sido representante (diputado) estatal y luego federal los anteriores 15 años; radica en Fénix, aunque nació en Chicago.

El viernes 17 de enero, Gallego tuvo dos participaciones relevantes en el Senado:
Votó a favor de la llamada Acta de Laken Riley, para endurecer las penas contra migrantes indocumentados que se involucren en delitos menores como el robo hormiga a tiendas. Cualquiera de éstos que sea detenido llevándose así sea medio kilo de arroz de un supermercado, podría ser deportado.

Antes, durante la comparecencia de Kristi Noem, quien fungirá como secretaria de Seguridad Nacional (Homeland Security) en la entrante administración federal, Gallego le preguntó cómo se evitaría afectar a los trabajadores agrícolas de Arizona; mencionó que los granjeros de ese estado fronterizo están preocupados por las continuos anuncios de una deportación masiva, por parte del propio presidente Donald Trump y sus colaboradores.

Arizona, de acuerdo al Pew Research Center -uno de los principales centros de estudio sobre tendencias demográficas y comportamiento social del país-, tendría en estos momentos una población indocumentada entre los 175 mil a los 400 mil individuos.
De los 11.5 millones de residentes no documentados que están en los Estados Unidos hoy, según el cálculo de múltiples agencias y centros de estudios, 8.3 millones son parte de la población económicamente activa. De éstos, un 22% participaría en el sector agrícola.

Cualquier acción de fuerza que se aplique en materia migratoria tendrá como consecuencia menos trabajadores agrícolas, ya sea porque se detenga a miles no regularizados o porque, tal como ha ocurrido antes, muchos preferirá salir del país por su propio pie antes de ser aprehendidos.

Esta perspectiva, común comentario de estudiosos en la materia estos días, está también en mente de los granjeros de Arizona y por eso pidieron a su senador de origen latino, Gallego, que le advirtiera a Kristi Noem de las consecuencias: la reducción en las cosechas y labores de procesamiento, por escasez de mano de obra, y por ende un repunte en los precios de los productos comestibles que llegan a las mesas de todos los norteamericanos, tengan o no documentos.

La hipocresía y las neveras

Para los primeros días de enero, el 80% de los norteamericanos decían favorecer la deportación masiva prometida por Donald Trump en campaña, esto de acuerdo a una encuesta de opinión pública realizada por el periódico The New York Times y la empresa Ipsos. Se dio a conocer el sábado 18 de enero, dos días antes de la toma de posesión del neoyorquino, quien vuelve a la presidencia tras un primer periodo de gobierno entre 2019 y 2023.

El Acta de Laken Riley, que al momento del cierre de edición está por convertirse en ley si pasa una ronda final de votos, sería el primer instrumento legal de la serie de leyes y órdenes ejecutivas que Trump y su partido, el Republicano, han ofrecido para expulsar migrantes, o impedir su ingreso.

La eventual ley tendría efectos avasalladores entre la comunidad no documentada, poniendo en riesgo la integridad de millones de familias. Otra estimación con base científica, ésta compartida por el America Immigration Council: De un salón de clases de 25 alumnos, al menos dos infantes tienen un padre, o madre, en riesgo de ser deportado.
El de Gallego fue uno de los ocho únicos votos que el Acta Laken Riley, propuesta por un republicano, obtuvo de la bancada del partido Demócrata en el Senado, compuesta por 47 legisladores.
Organizaciones pro derechos humanos no han cesado de criticar el contenido de la iniciativa, pues consideran que provocaría detenciones injustificadas de individuos, que si bien indocumentados, no representan riesgo para el país.
Pero Gallego, tan consternado por la posible ausencia de mano de obra agrícola, algo que golpearía el bolsillo de algunos que han financiado su carrera política, dio sin contratiempos su apoyo al acta. La viene impulsando, de hecho, desde que estaba en la cámara baja del Congreso.
El primer apellido del hoy senador es Marinelarena. Gallego es su apellido materno. Lo cambió en repudio a su padre, quien paga pena de cárcel, por estar involucrado en tráfico de drogas. La revelación de este hecho ocurrió el año pasado, mientras estaba en campaña por el Senado.
“Nuestra historia en este país es algo que reinventamos nosotros mismos”, dijo el senador, apenas en diciembre, al repudiar a quienes lo criticaron por la sombría historia de su padre, un delincuente mayor.

Así los Estados Unidos hoy: Un país de inmigrantes que imagina se reinventa al repudiar a otros como ellos y, a la par, no tiene empacho en mantener a millones más en la penumbra de la desprotección legal trabajando en sus campos para evitar se eleve el precio de los productos con que llenan sus neveras.