Agricultura
México y América Latina fortalecen control fito y zoo sanitario
CIUDAD DE MÉXICO. – La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que, con el objetivo de identificar áreas de cooperación, representantes de organismos de sanidad e inocuidad agroalimentaria de México y América Latina intercambiaron experiencias sobre cómo han modificado sus acciones de prevención y control fito y zoosanitario durante la pandemia por COVID-19.
Agricultura estableció una serie de acciones de conversión tecnológica que mejoran la atención que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) presta a productores y usuarios.
Las autoridades sanitarias participaron en el foro técnico “Principales desafíos y oportunidades de los servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos ante el COVID-19”, organizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
El director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Francisco Javier Trujillo Arriaga, precisó que los programas de trabajo federal con productores conllevan capacitación, por lo que el Senasica ha sostenido reuniones instructivas vía remota con agricultores y ganaderos inscritos.
Subrayó que la limitante tecnológica en algunas regiones rurales del país ha sido resuelta con el apoyo de los órganos de coadyuvancia agropecuarios, que se han acercado a los productores que no cuentan con equipo de cómputo, teléfono celular o servicio de internet.
Respecto al trabajo de funcionarios, técnicos y personal sustantivo durante la emergencia sanitaria, precisó que el Senasica ha mantenido su nivel operativo, atendiendo las medidas recomendadas por la autoridad de salud, e innovado en la atención al sector.
Indicó que para hacer más eficiente el trabajo y disminuir los riesgos de contagio del virus en los trabajos en campo y oficinas, los especialistas en epidemiología de la Dirección General de Salud Animal del Senasica diseñaron un sistema de organización laboral que continuará implementándose cuando termine la contingencia sanitaria.
En cuanto a la atención al usuario, Trujillo Arriaga adelantó que ha sido exitoso el modelo de trámites y servicios de manera virtual, por lo que se planea instaurarlo de forma permanente para proteger a productores y al personal.
Respecto a los trámites de intercambio comercial que el organismo de Agricultura realiza de manera electrónica, indicó que –en apego a las medidas de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria— México utiliza el Certificado Fitosanitario Internacional Electrónico con los países que también lo tienen instaurado y en materia de cárnicos además ha comenzado con la eliminación de trámites en papel.
Refirió que la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria también lleva a cabo acciones para agilizar el despacho de productos agroalimentarios que ingresan al país, a través del Centro de Documentación y Dictaminación (CDD).
Este sistema, precisó, permite llevar a cabo vía remota la revisión documental del 60 por ciento del total de solicitudes de importación de alimentos que ingresan por seis de las Oficinas de Inspección y Sanidad Agropecuaria (OISA) con mayor movimiento, en las que ocurre el 80 por ciento de las importaciones, equivalentes a más de 300 mil operaciones anuales.
Subrayó que con esta medida de validación documental se evita la interacción personal con usuarios, posteriormente, los inspectores en los puntos de entrada, a través de una revisión física, constatan la condición sanitaria de la mercancía, previamente dictaminada en oficinas centrales.
Comentó además que se comenzará a implementar la verificación por video en establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF), lo que permitirá proteger a los médicos oficiales del organismo y agilizar las auditorías, incluso para la apertura de mercados internacionales.
Entre las ventajas de aplicar los trámites vía remota se encuentran: agilizar trámites, prevenir actos de corrupción y los documentos sanitarios necesarios para el intercambio comercial de alimentos se envían de gobierno a gobierno, con lo que se evita que en las aduanas los embarques lleguen con certificados apócrifos.
En su intervención, el presidente del Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (Cosave), César de la Cruz, señaló que el organismo que integra a representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Perú y Chile ha trabajado para mantener en funciones normales los servicios de inspección, vigilancia epidemiológica, diagnóstico y control de plagas de interés cuarentenario.
Precisó que los servicios sanitarios de Argentina, Chile y Perú utilizan entre ellos certificaciones digitales, por lo que el siguiente paso es anexar a este sistema a más países.
La representante de Salud Animal de Costa Rica, Silvia Niño, indicó que más del 40 por ciento de los trabajos en ese país se han apoyado en el uso de tecnologías, sin descuidar las inspecciones físicas y el control de plagas y enfermedades.
El coordinador de Inocuidad de Alimentos de Agrocalidad de Ecuador, Rommel Betancourt, sostuvo que desde el inicio de la contingencia sanitaria pusieron en marcha una campaña de difusión hacia los consumidores para generar conciencia de que los alimentos no son transmisores del COVID-19.
Aseguró que esta medida permitió mantener la confianza en el comercio local de alimentos y mantuvo el abasto de productos inocuos en las regiones del país.
- La Corte determinó que los estados no pueden exigir una advertencia de cáncer en la etiqueta de Roundup si la EPA no la ordena.
- Tras el fallo, Bayer busca cerrar miles de demandas federales, aunque el debate científico, sanitario y agrícola sobre el glifosato sigue abierto.
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CIUDAD DE MÉXICO. La batalla legal por el glifosato tomó un nuevo rumbo en Estados Unidos. La Suprema Corte de ese país falló a favor de Monsanto, hoy propiedad de Bayer, en un caso relacionado con la etiqueta del herbicida Roundup, uno de los productos más conocidos en la agricultura moderna.
La decisión fue emitida el 25 de junio de 2026 dentro del caso Monsanto Company v. John L. Durnell. Por mayoría, la Corte resolvió que la ley federal de plaguicidas de Estados Unidos, conocida como FIFRA, impide que los estados impongan requisitos de etiquetado distintos o adicionales a los aprobados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA.
En palabras simples: si la EPA autorizó la etiqueta de Roundup sin advertencia de cáncer, una corte estatal no puede obligar a Monsanto a incluirla por su cuenta bajo una demanda de “falta de advertencia”.
El caso se originó por la demanda de John Durnell, un habitante de Missouri que aseguró haber usado Roundup durante aproximadamente 20 años y que atribuyó su linfoma no Hodgkin a la exposición prolongada al producto. Un jurado le había otorgado 1.25 millones de dólares, pero la Suprema Corte revirtió ese resultado al considerar que su reclamo por falta de advertencia quedaba desplazado por la regulación federal.
No resolvió si el glifosato causa cáncer
El punto central es que la Suprema Corte no realizó una nueva evaluación médica o científica del glifosato. Lo que resolvió fue una cuestión legal: quién tiene la última palabra sobre la etiqueta de un plaguicida en Estados Unidos, si la autoridad federal o las cortes estatales.
La mayoría sostuvo que, mientras la EPA mantenga aprobada una etiqueta sin advertencia de cáncer, los estados no pueden imponer una obligación distinta por medio de demandas civiles. La opinión fue redactada por el juez Brett Kavanaugh y contó con el respaldo de siete integrantes de la Corte; la jueza Ketanji Brown Jackson disintió, acompañada por el juez Neil Gorsuch.
Bayer busca cerrar miles de demandas
La resolución fue recibida por Bayer como una victoria legal de alto peso. La empresa compró Monsanto en 2018 y con ello heredó una larga cadena de litigios por Roundup.
De acuerdo con Reuters, tras el fallo la compañía busca convencer a un juez federal en San Francisco de cerrar casi 4 mil demandas federales consolidadas que alegan que Roundup causa cáncer. Bayer sostiene que, si la Suprema Corte bloqueó los reclamos por falta de advertencia, el núcleo de esos litigios queda debilitado.
Sin embargo, los abogados de los demandantes argumentan que la sentencia es más limitada y que todavía podrían seguir otros reclamos, como los relacionados con diseño del producto, negligencia u otros daños. Además, Bayer mantiene un acuerdo propuesto por 7 mil 250 millones de dólares para resolver más de 60 mil reclamos estatales, el cual todavía debe ser revisado por un juez en Missouri.
EPA e IARC mantienen posturas distintas
El debate científico no terminó con la sentencia. La EPA mantiene que no ha encontrado evidencia de que el glifosato cause cáncer en humanos y que, con base en sus evaluaciones, no es probable que sea carcinogénico cuando se usa conforme a la etiqueta.
En contraste, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, IARC, organismo vinculado a la Organización Mundial de la Salud, clasificó en 2015 al glifosato como “probablemente carcinogénico para humanos”, dentro del Grupo 2A, con base en evidencia limitada en humanos, suficiente en animales de laboratorio y fuerte evidencia de genotoxicidad.
Ahí está el corazón del debate. Para la EPA, el glifosato no requiere una advertencia de cáncer en la etiqueta aprobada. Para la IARC, existe evidencia suficiente para mantenerlo dentro de una categoría de riesgo probable. Son dos lecturas distintas, con métodos distintos, que durante años han alimentado la discusión entre empresas, agricultores, científicos, ambientalistas, abogados y autoridades sanitarias.
Qué significa para el campo
Para el sector primario, el tema no es menor. El glifosato se usa desde hace décadas para controlar malezas en cultivos, caminos agrícolas, áreas industriales y sistemas de producción extensiva. Quienes defienden su uso argumentan que ayuda a mantener productividad, reducir costos y facilitar prácticas como la siembra directa.
Del otro lado, quienes lo cuestionan señalan posibles riesgos para la salud, la biodiversidad, el agua, el suelo y los trabajadores expuestos.
En México, la discusión también ha sido intensa. El Gobierno de México había previsto avanzar hacia la eliminación del glifosato, pero en marzo de 2024 pospuso la prohibición total al reconocer que no se habían concretado las condiciones para sustituirlo sin afectar la producción agrícola. Las autoridades señalaron entonces que debía prevalecer la seguridad agroalimentaria mientras se buscaban alternativas de amplio espectro, baja toxicidad, disponibilidad suficiente y costo accesible para los productores.
El fallo estadounidense no cambia automáticamente la regulación mexicana, pero sí manda una señal al mercado internacional de agroquímicos: en Estados Unidos, mientras la EPA mantenga aprobada una etiqueta sin advertencia de cáncer, las demandas estatales por no incluir esa advertencia tendrán menos camino legal.
Para los productores mexicanos, la lectura debe ser sobria. No es correcto afirmar que la Corte demostró que el glifosato no hace daño, porque esa no fue la materia del fallo. Pero tampoco puede ignorarse que la decisión fortalece la protección legal de las etiquetas aprobadas por autoridades federales en Estados Unidos.
El sector primario necesita información clara. En cultivos donde se usa glifosato, la aplicación debe respetar dosis, equipo de protección, etiqueta autorizada, tiempos de aplicación, condiciones climáticas y manejo responsable. En paralelo, México tendrá que seguir evaluando alternativas viables: mecánicas, biológicas, agroecológicas o químicas de menor riesgo, sin poner en jaque la producción ni cargarle al productor costos imposibles.
La sentencia deja una lección para el campo mexicano: la discusión sobre agroquímicos ya no se resuelve solamente en la parcela. También se pelea en tribunales, etiquetas, tratados comerciales, agencias regulatorias y opinión pública.
- Ejidatarios acusan irregularidades durante la diligencia de ejecución de sentencia realizada el 26 de marzo.
- La defensa del núcleo agrario señala que no se acreditó debidamente la personalidad jurídica de la parte interesada ni se contaba con trabajos técnicos suficientes.
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HUEHUETOCA, EDOMEX. Integrantes del Ejido Huehuetoca, ubicado en el Estado de México, obtuvieron un amparo indirecto ante lo que señalan como un intento de despojo de 65.7 hectáreas, luego de que se ordenara una ejecución de sentencia relacionada con el expediente agrario 810/2011.
La solicitud de Amparo Indirecto fue interpuesta el 6 de abril ante el Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito por parte del Comisariado Ejidal de Huehuetoca, con el impulso de la Comisión de Ejidatarios, integrada por Juan Velázquez Hernández, Andrés Colín Reyes, Juan Hernández Velasco, Juan Garfias Godínez, Benjamín Feregrino Morales y José Luis Orozco Alonso.
De acuerdo con la demanda, la acción legal responde a la decisión de la magistrada Ana Lilia Olvera, quien ordenó una ejecución de sentencia el pasado 26 de marzo, dentro de un proceso que los ejidatarios consideran irregular y que, aseguran, pone en riesgo una superficie de 65.7 hectáreas pertenecientes al núcleo ejidal.
Señalan irregularidades en la diligencia
En el documento legal se expone que, durante la ejecución de sentencia, la magistrada habría dado instrucciones al actuario Juan Bernardo Esquivel mediante una llamada telefónica para tener por acreditada la personalidad del tercero interesado, Santander S.P.R. de R.L. de C.V.
Sin embargo, los ejidatarios señalan que únicamente comparecieron dos personas que dijeron ser apoderadas legales de dicha sociedad, sin acreditar su representación con documento fehaciente, situación que fue incluida como parte de los argumentos de la demanda de amparo.
Asimismo, la defensa del ejido refiere que durante la diligencia se presentaron diversas irregularidades técnicas. Entre ellas, menciona que el perito en materia de topografía, Venancio Francisco Aguirre, habría incurrido en falta de trabajos técnicos necesarios para realizar la ejecución, conforme a la documentación remitida por el Registro Agrario Nacional y a lo reconocido en la sentencia del 27 de enero de 2021.
De acuerdo con la demanda, el perito tampoco contaba con el plano topográfico y el cuadro de construcción correspondiente, elementos considerados indispensables para precisar los puntos de referencia sobre los cuales debía materializarse la ejecución.
Un proceso agrario iniciado desde 2011
El caso tiene su origen el 7 de noviembre de 2011, cuando Santander interpuso una demanda contra el núcleo de población ejidal de Huehuetoca ante el Tribunal Unitario Agrario. Desde entonces, el expediente ha avanzado por distintas etapas hasta llegar a la orden de ejecución de sentencia relacionada con el expediente 810/2011.
La demanda también señala que, en una primera instancia, la diligencia no se llevó a cabo, debido a que la magistrada la suspendió el 3 de julio de 2025, con el objetivo de que el Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito, con sede en Tlalnepantla, Estado de México, realizara gestiones para calificar eficazmente la sentencia emitida en enero de 2021.
Como parte de esas gestiones, se habría girado un oficio al Archivo General Agrario para solicitar copia certificada de la carpeta básica del Ejido Huehuetoca. Dicha documentación debía contener el expediente de ejecución de la resolución de dotación, así como las ampliaciones de dotación del ejido, incluyendo carteras de campo, planillas de cálculo y cuadros de construcción.
No obstante, de acuerdo con lo expuesto por los ejidatarios, se presume que dicha documentación no fue integrada de manera completa antes de continuar con la ejecución.
Cuestionan designación de perito
Otro de los puntos señalados en la demanda es la designación del perito topógrafo. Según el documento, ante la imposibilidad de que la UNAM y el IPN designaran a un especialista para apoyar institucionalmente los trabajos técnicos, el Tribunal Unitario Agrario nombró el 4 de febrero de 2026 al ingeniero Venancio Francisco Aguirre.
La defensa ejidal indica que dicho perito trabaja para la Procuraduría Agraria, situación que, de acuerdo con los integrantes del ejido, genera dudas sobre la imparcialidad del procedimiento, particularmente porque acusan que la ejecución se pretendía realizar con el aval de la Representación de la Procuraduría Agraria en el Estado de México.
Ejidatarios mantienen defensa legal
La Comisión de Ejidatarios de Huehuetoca ratificó su compromiso de representar con honestidad los intereses del núcleo agrario y de acudir a las instancias legales necesarias para defender lo que consideran su legítimo derecho sobre ese territorio.
Los ejidatarios señalaron que continuarán dando seguimiento al proceso para evitar cualquier afectación al patrimonio colectivo del ejido y exigir que cualquier actuación judicial o agraria se realice con apego a la legalidad, con documentación técnica suficiente y con pleno respeto a los derechos de las familias ejidatarias.
- Los trámites del programa son personales, gratuitos y no requieren intermediarios.
- La SADER detectó mensajes fraudulentos enviados por WhatsApp desde números no institucionales.
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CIUDAD DE MÉXICO. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) hizo un llamado a las y los productores del país a no proporcionar datos personales, documentos ni realizar pagos a presuntos gestores del programa Fertilizantes para el Bienestar, luego de detectar intentos de fraude y suplantación de identidad.
De acuerdo con la dependencia federal, los trámites relacionados con este programa estratégico del Gobierno de México deben realizarse directamente en las Oficinas de Representación de SADER, así como en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) y los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) ubicados en los 32 estados del país.
La advertencia se emitió después de recibir reportes sobre intentos de fraude y suplantación de identidad a través del número 56 5490 6967 de WhatsApp, utilizado por personas ajenas a la Secretaría para contactar a productoras y productores beneficiarios.
En estos mensajes, los presuntos defraudadores emplean nombres de servidoras y servidores públicos, cargos oficiales y logotipos de SADER en sus fotos de perfil, además de presentarse como una supuesta línea de atención o personal autorizado del Gobierno de México para dar seguimiento a trámites del programa.
La dependencia aclaró que ninguna servidora ni servidor público de SADER, ni de otro organismo relacionado, solicita pagos, depósitos o gestiones oficiales a través de números de WhatsApp no institucionales.
Trámites gratuitos y sin gestores
Para facilitar el acceso a la información y asegurar una atención transparente, las y los productores pueden ingresar al portal oficial del programa Fertilizantes para el Bienestar, donde podrán verificar su pertenencia al padrón de beneficiarios y conocer la ubicación del Centro de Distribución (CEDA) correspondiente a su domicilio.
Una vez publicada la convocatoria en su localidad, las personas interesadas cuentan con un periodo de hasta 120 días naturales para acudir con una identificación oficial vigente y recibir su insumo.
La SADER reiteró que el programa no requiere intermediarios, por lo que pidió a las y los productores desconfiar de personas que ofrezcan agilizar trámites, solicitar documentos por mensajería privada o pedir depósitos a cambio del fertilizante.
Canales oficiales de atención
En caso de requerir orientación personalizada, reportar alguna situación o dar seguimiento directo a su trámite, las y los productores pueden comunicarse al teléfono 55 3871 1000, en las extensiones 33320 y 33337.
También pueden consultar las redes sociales oficiales de la Secretaría: Facebook: AgriculturaMex, X: @Agricultura_mex e Instagram: @agricultura_gob.
Para 2026, la SADER tiene como meta entregar más de un millón de toneladas de fertilizantes a 2.1 millones de productoras y productores, principalmente de pequeña y mediana escala, con una cobertura estimada de 3.5 millones de hectáreas de cultivos estratégicos en el país.
La dependencia federal insistió en que la mejor forma de evitar fraudes es acudir directamente a las oficinas oficiales, verificar la información en canales institucionales y no compartir datos personales con supuestos gestores.
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